domingo, 27 de diciembre de 2020

El informe del Senado

 -La cámara alta del parlamento estadounidense divulgó un reporte que podría cambiar los parámetros aplicados para la llamada “guerra contra las drogas”, desde que fue declarada por primera vez, en 1971

@javiermayorca

El 1 de diciembre, una comisión bipartidista del Senado estadounidense presentó un informe con una detallada revisión sobre los resultados arrojados hasta el momento por la llamada “guerra contra las drogas”.
Podría decirse que este reporte constituye el primer paso hacia la superación de un proceso iniciado en 1971, con la declaratoria del entonces presidente Richard Nixon, y renovado veinte años después, con la cruzada conocida mediante el lema: “Simplemente, di no” (Just say no), tan famoso como inútil para disuadir a la población joven de incorporarse a la tropa de consumidores de estupefacientes.
Efectivamente, en una democracia como la estadounidense, donde el Parlamento juega un papel fundamental, este documento de 117 páginas seguramente tendrá impactos en distintos sentidos. Algunos serán percibidos solamente fronteras adentro de los EEUU. Otros, podrían implicar algunos cambios en la política internacional y las relaciones de Washington con los vecinos latinoamericanos, altamente influidas por los temas vinculados a la lucha contra la producción y el tráfico de drogas ilegales.
Ambas dimensiones (la interna y la internacional) están entrelazadas. Por ejemplo, es muy difícil proyectar una imagen dura contra las drogas ante la comunidad internacional cuando 35 estados de la unión han aprobado mediante referéndum e instrumentado el uso medicinal de la marihuana; quince han ido más allá, al autorizar el consumo de esta hierba con fines recreativos; otros seis estados dieron luz verde a la despenalización en cuanto al uso o la posesión de porciones de cannabis, y finalmente Oregon ha ido todavía más lejos, al impedir la persecución penal contra los usuarios de cualquier droga, por el solo hecho de consumirlas o tenerlas.
Estados Unidos se percató de que, como decía Naím, la “guerra contra las drogas” es una causa perdida, por lo menos en los términos en que fue planteada inicialmente. En su territorio, los costos han sido enormes. Según el reporte del Senado, las muertes por sobredosis de heroína y otros opiáceos, así como sustancias sintéticas, han sobrepasado las 70.000 en 2019. Todo un récord. Mientras tanto las cárceles se han llenado de individuos señalados por posesión o consumo de drogas. Algo que, por cierto, también sucede en Venezuela.
Por otra parte, la lucha de policías y militares por sacar de circulación tanto a las drogas como a los traficantes tiene escaso impacto en los precios finales de estas sustancias, es decir, lo que pagan los consumidores por sus dosis. Según el estudio parlamentario, estos precios han mostrado un crecimiento inercial, que poco o nada se relaciona con el resultado de las operaciones policiales o militares. 

Colombia, México y Venezuela

Pero el informe de la Comisión sobre Política de Drogas en el Hemisferio Occidental contiene importantes recomendaciones, que posiblemente servirán para cambios en la estrategia internacional de la nueva administración estadounidense.
En primer lugar, se aconseja la superación del esquema de certificación unilateral en materia de drogas, y su reemplazo por un esquema en el que participen varios países. Esto no es muy complicado, pues ya lo hace un grupo especial de la Organización de Estados Americanos. Se llama Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM). Se debe observar, sin embargo, que para EEUU la certificación en materia de drogas tiene un basamento legal, pues se exige como requisito para el otorgamiento de fondos que financien los planes de cooperación en esta materia. Llegar a un nuevo orden no debería ser excesivamente tortuoso, tomando en cuenta que el informe surge del consenso de los dos grandes partidos.
En 8 años, los cultivos de coca se han desplazado a la frontera con Venezuela
Esto no quiere decir que EEUU abandonará los esfuerzos para impedir el flujo de drogas desde los países productores y de tránsito. Lo que sugiere la comisión del Senado es una aproximación más diplomática y menos policial o militar, basada en acuerdos bilaterales, con objetivos alcanzables en el corto plazo, que podrán ser replanteados en la medida en que se evalúe su desarrollo. Aquí entrarían, por ejemplo, los planes de sustitución de cultivos ilícitos en Colombia y otros países andinos.
El informe no hace una recomendación específica en cuanto al fomento de las relaciones con las fuerzas armadas de la región, a propósito de las labores de interdicción, esto es, el corte de las rutas de abastecimiento y transporte de las drogas. Pero en líneas generales es clara la preferencia hacia los entendimientos con entidades civiles. Solamente en el caso mexicano se hace una recomendación específica en cuanto al fortalecimiento de la Guardia Nacional, el nuevo cuerpo militarizado creado por Andrés López Obrador. 
El reporte formuló varias críticas hacia el sistema de sanciones implantado a través del Departamento del Tesoro, con base en el Acta Kingpin. No porque sea visto como un desconocimiento de EEUU a la soberanía de otros países, sino fundamentalmente porque se trata de un programa que carece de parámetros claros para establecer si ha tenido éxito, por una parte, y por la otra, si las medidas han sido aplicadas con atención al principio del debido proceso. “¿Cuántos (sancionados) permanecen activos en el tráfico de drogas u otras actividades criminales? ¿Cuántos han sido sacados de las listas, y por qué?”, se preguntan los senadores. 
Más de la mitad de las sanciones basadas en el Acta Kingpin apuntan a individuos nacidos en México y Colombia. Sin embargo, para la comisión del Senado norteamericano no escapa que muchos de los últimos sancionados son venezolanos, ligados al régimen de Nicolás Maduro. Por lo tanto, una evaluación del sistema de sanciones debe tomar en cuenta el impacto político y económico de tales medidas en estos tres países.
El documento refleja la sensación de los parlamentarios estadunidenses en cuanto a que Maduro ha logrado eludir el efecto de las sanciones, en lo que fue descrito como un “efecto globo”, es decir, el desplazamiento de las operaciones ilegales hacia jurisdicciones menos reguladas. Este sería el producto de alianzas con otros regímenes como los de Rusia, China e Irán, y con organizaciones criminales y terroristas, así como también el aprovechamiento de nuevas formas de intercambio, basadas en las criptomonedas, que no están atadas a los bancos centrales de ningún país.
Este reporte anuncia nuevos tiempos en la llamada “guerra contra las drogas”. Pero la incidencia internacional de sus recomendaciones no será uniforme o sincrónica. En países democráticos como Colombia y México, donde la cooperación antidrogas y de fortalecimiento institucional está sustentada en acuerdos bilaterales, las decisiones podrán ser anunciadas en un futuro cercano. En un lapso intermedio sucederá lo mismo con los programas aplicados en países centroamericanos. Venezuela, en cambio, está fuera de todo esto, aislada y con gobernantes percibidos como parte del problema, no de la solución.

Breves

APORTE DESDE EL EXILIO

Desde el exilio, el abogado Zair Mundaraín, ex director de Actuación Procesal del Ministerio Público durante la gestión de Luisa Ortega Díaz, se comunicó con el autor para aportar interesante información en torno a la última entrega de esta columna (Las armas del hampa). Mundaraín representó a la Fiscalía en la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme. En virtud de tal experiencia aseguró que “muchas de las armas que investigamos ligadas con organizaciones criminales eran de las fuerzas armadas, tenían troquel y todo, y no aparecían como solicitadas”. Recordó que a la banda de José Tovar Colina, alias Picure, le incautaron siete fusiles del Ejército, que no figuraban en ninguna notificación por robo o hurto. Al indagar sobre esta irregularidad, se percataron de que los jefes de parques de armas no denunciaban las sustracciones o faltantes detectados en sus respectivas unidades, pues eso tendría un impacto negativo a la hora de los ascensos. “Entonces, optan por sustituirlas o no decir nada, y pasar el problema a otros”, dijo. En cuanto a las granadas, cuyo uso por parte de delincuentes comenzó a hacerse más frecuente a partir de 2016, Mundaraín aseguró que todas las que están en poder del hampa pasaron alguna vez por los cuarteles. “Conseguimos una que estuvo en una sala de evidencias, pues fue recuperada luego de un delito, y volvió a salir, y eso fue muy revelador”, añadió. Recordó que entregaron un informe sobre el caso al ministro de la Defensa Vladimir Padrino, y “por supuesto no hizo nada”.

LAS RUTAS A TRINIDAD

Fuente: ONSA
$300 es la tarifa que, en promedio, cobran los lancheros de Güiria por el traslado de una persona hasta las playas de San Fernando, en Trinidad, según la información suministrada por tres fuentes distintas. Este precio, desde luego, solo si la embarcación va repleta de viajeros. Para llegar a esta ciudad, al sur de Puerto España, es necesario navegar durante aproximadamente tres horas, de acuerdo con un mapa divulgado en primera instancia por el gobernador de Sucre, Edwin Rojas, y recogido por la Organización Nacional de Salvamento. Es el mismo tiempo que toma el recorrido desde Pedernales, en Delta Amacuro. Desde Tucupita, más al sur, los navegantes cobran alrededor de 500 dólares por persona, según lo establecido en expedientes de tráfico de emigrantes instruidos por la Guardia Nacional. En Güiria, los lancheros deben pagar un tercio de sus ganancias a los militares, es decir, cien de cada trescientos dólares quedan en poder de “los verdes”, como les dicen allá. Hasta ahora, hay siete efectivos del comando de Vigilancia Costera bajo investigación por extorsión, a propósito de la tragedia con los peñeros Mi Refugio y Mi Recuerdo, que zarparon desde la ciudad sucrense el domingo 6 de diciembre. Cuando detuvieron a los organizadores de la red de transporte, ellos señalaron que el grupo comandado por un capitán de la GN les exigió el pago de 4.500 dólares. Esta información, dada a conocer por el fiscal designado por la ANC, Tarek William Saab, no aclara si esta cantidad fue un “extra” para garantizar la impunidad, o si era por la deuda adquirida a propósito de los viajes fallidos. Es imposible pensar que esta corrupción solo ocurre en el punto de zarpe. En la llegada, también deben existir autoridades y organizaciones que se hagan de la vista gorda, o que incluso participen en la acogida, el ocultamiento y la explotación de los venezolanos que desean emigrar. Sobre este punto, todavía no ha salido una sola información en la prensa trinitaria, que durante toda esta situación ha sido complaciente con las versiones aportadas por los voceros gubernamentales de ese país. Por cierto que, a propósito de un viaje efectuado a esa isla en 2017, quedan claras dos cuestiones: 1) en Trinidad y Tobago, como en otras partes, es subestimada la magnitud de la emigración venezolana. Hace tres años, representantes de Acnur calculaban que permanecían allí unos 40.000 connacionales. Pero la cifra dada a conocer por las voces oficiales, entonces y ahora, la ubica en 16.000 personas; 2) la afinidad del gobierno trinitario con el régimen de Maduro tiene su explicación en la entrega de recursos de la industria petrolera, en planes que no han sido del todo interrumpidos por las sanciones de EEUU. Esto explica el intempestivo viaje a Puerto España de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, en mayo de este año.

MÁS CORRUPCIÓN EN PDVSA

El 2 de diciembre, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en la cabeza de su presidente Maikel Moreno, emitió una sentencia que autoriza la solicitud de extradición del venezolano Francisco José Blasini de Velazco, por los delitos de peculado doloso propio, concierto de funcionario con contratista y asociación para delinquir. La sentencia correspondiente fue divulgada veinte días después, y contiene datos de interés para entender cómo opera la “lucha contra la corrupción” en el país. En primer lugar, las presuntas irregularidades administrativas por las que solicitan la captura y el traslado de Blasini a Venezuela fueron denunciadas en primera instancia por el Sindicato de Trabajadores de Petróleos de Venezuela, en febrero de 2015. El centro de los señalamientos, de acuerdo con el relato contenido en la sentencia, era el director de la estatal petrolera Pedro León, mejor conocido como Zar de la Faja. En dos platos, se trataba de la típica contratación con sobreprecios para la adquisición de bienes y servicios, sin licitación en favor de amigos, socios y relacionados. Es decir, mediante asignación a dedo. Llama la atención que este hallazgo no fuese producto del trabajo de la gerencia de Prevención y Control de Pérdidas (PCP), la policía interna de la petrolera, sino de una organización laboral. Pero ya sabemos que PCP, bajo de jefatura de alias Nadal, también estaba en irregularidades. Luego, en junio de 2017, se decidió hacer un expediente aparte con el caso de Blasini, pues los capítulos de Petropiar, Petrocedeño y Petromonagas ameritaban un esfuerzo especial. Según la averiguación, en la que sí participó por comisión específica el personal de PCP, se constataron cobros mixtos de 15,1 millones de dólares más 2,69 millardos de bolívares por la adquisición de veinte “cabezales bridados de producción”, suministrados por la compañía Mabca 2001, en la cual Blasini figura como representante, junto con Eduardo Enrique Aguirre y Luis Guillermo Solórzano. Al asomarse al mercado internacional, la estatal petrolera se percató de que cada cabezal costaba alrededor de 9.586 dólares. El sobreprecio salta a la vista. En este caso, de acuerdo con la sentencia del TSJ, se ha recibido información de que Blasini fue detenido en Italia. Aunque los señalamientos por corrupción puedan estar claros, la duda surge cuando se evalúa la capacidad de los tribunales nacionales para juzgar a una persona de manera imparcial, y con resguardo a sus derechos. En España, este argumento fue invocado para negar la extradición a Venezuela de la ex enfermera de Hugo Chávez, Claudia Patricia Guillén, y su esposo Adrián Velásquez, quien además fue guardaespaldas del mandatario.

Tres preguntas a… Mildred Camero, ex presidenta de la Conacuid

1.-Recientemente el Senado de EEUU presentó un informe crítico hacia la política aplicada por los gobiernos de ese país en materia de drogas. ¿Habrá algún cambio?
Pienso que sí. Las situaciones han cambiado. Las drogas han proliferado, y en otras formas. Se consumen estupefacientes y psicotrópicos, además de drogas sintéticas, que están invadiendo al mundo. En EEUU han incrementado las muertes por consumo, aún en la pandemia. Sobre todo por el consumo del fentanilo, un opioide que se usa para el tratamiento de enfermedades graves. Habrá un cambio radical, porque en EEUU a menudo no distinguen entre consumidores y traficantes, sino que tienden a tratarlos a todos como traficantes, y los llevan presos (…)  Hay que modernizar la política de drogas en EEUU, verificar qué drogas son las más consumidas, y sus efectos. En fin, todo esto es muy interesante.

2.-¿Será sencillo superar la certificación, como se recomienda en el informe?
Es difícil. La certificación tiene como objetivo ayudar a que los países se comprometan más con las políticas en el campo de drogas, sobre todo en parar el tráfico. Cuando se descertifica a un país, se quita la ayuda entregada a través de la NAS (Narcotics Affairs Section), del Departamento de Estado. Quitan esa fuente de ayuda, sobre todo para los países pobres, en la lucha contra las drogas. Va a ser muy difícil quitarla. No deberían hacerlo. Es el aliciente para que los países se comprometan. A veces se hacen políticas en documentos, pero cómo las aplicas si no tienes el dinero.

3.-El informe muestra una actitud más bien comprensiva hacia países como México y Colombia. No así en el caso de Venezuela, que es objeto de numerosas críticas ¿Qué piensa al respecto?
Venezuela aparece como un ejemplo devastador del impacto generado por el crimen organizado (…) Venezuela ha tenido dos etapas. En la época de Chávez, el farquismo, por las relaciones de Chávez con las FARC. La otra parte, la he llamado elenismo, por la relación de Maduro y su régimen con el ELN. Pareciera que hay una vuelta al farquismo, pero las operaciones de drogas y oro con más con el ELN. Pero hay una relación también con los desincorporados de las FARC. Es evidente que con los acuerdos de Paz con Santos esos desincorporados y disidentes empezaron a pelear por la recuperación de tierras en el Norte de Santander, Zulia, Barinas y Apure (…) No han dejado de tener relaciones con Iván Márquez y Santrich, pero las últimas operaciones han sido más con los elenos. Eso tiene mucho que ver con el crimen organizado. Con Chávez, se les dio espacios para que ellos pudieran operar. Hicieron lo mismo con Hezbollah. Se les permitió usar tierras en Margarita. Con el ELN Maduro hizo lo mismo, permitiendo que usaran ciertas tierras. Aquí la política se convirtió en una actividad criminal, y la justicia en algo político.

Libros

Las aproximaciones a los problemas de la violencia, ya sean de origen criminal, social o político, desde una perspectiva economicista, no son nuevas. Desde el famoso ensayo de Gary Becker, en 1968, hasta estos días han sido numerosas las obras que intentan encontrar cierto orden en un fenómeno que aparece caótico, a los ojos del ciudadano común. Ya en la entrega anterior se recomendó la lectura de una obra que intenta examinar el efecto de la extorsión sobre las economías nacionales, utilizando ciertas herramientas de la teoría de la racionalidad económica. Pero Gary Shiffman fue más allá. Su último libro The Economics of Violence. How Behavioral Science Can Transform Our View of Crime, Insurgency and Terrorism (Reino Unido, 2020), este ex funcionario de los departamentos de Defensa y de Seguridad Interna de EEUU, ahora dedicado al trabajo académico en la universidad de Georgetown, no solo propone una extensiva aplicación de estas teorías, no solo con el cometido de entender las dinámicas ocultas de la violencia, sino también para establecer patrones que permitan incluso predecirlas en determinados contextos. Con esta perspectiva, el robo que finaliza en una muerte deja de ser el resultado de un impulso momentáneo para convertirse en el producto de una situación que, de acuerdo con el autor, no era deseada ni siquiera por el perpetrador, o por lo menos no era tenida como primera opción. Shiffman también se sumerge en la violencia que tiene el propósito de infundir miedo, y generar cambios políticos, o reforzar los regímenes ya existentes. Mediante el estudio de casos, como los de Joseph Koni en Uganda, Osama bin Laden en Afganistán y Estado Islámico o Daesh en el norte de Africa, el autor encuentra puntos en común que posibilitan delinear narrativas encaminadas a justificar el uso de la violencia, las cuales pronto se transformarán en baños de sangre. La Economía de la Violencia es una obra de obligada lectura para todos los que desean entender un aspecto fundamental de la vida en sociedad. Puede ser adquirida en formato electrónico.

domingo, 13 de diciembre de 2020

Las armas del hampa

 -Las cifras del propio Gobierno sugieren que los fusiles, las granadas y las pistolas usadas por las megabandas no provienen de robos ni hurtos

@javiermayorca

En las amenazas a sus rivales, el ex guardia nacional Erick Alberto Parra, mejor conocido como Yeico Masacre, muestra sin reparos una parte de su arsenal: una granada fragmentaria por acá, dos fusiles por allá, pistolas modificadas para tiros de repetición más allá. 
Parra, de 27 años de edad, ha extendido su violencia desde el Zulia hasta Bogotá. Pero este militar retirado no es el único en exhibir su poder de fuego. Al otro lado del país, los piratas que asolan las rutas marítimas entre Sucre y Trinidad muestran sin pudor los fusiles de asalto que utilizan para someter y despojar a los pescadores de sus motores. Son en su mayoría viejos FAL, calibre 7.62 mm, como los que usaban en la Fuerza Armada, hasta que fueron desincorporados y reemplazados por los AK-103.
¿De dónde salen estas armas? Este tema ha sido motivo de discusión recurrente en foros académicos, pero hace tiempo que desapareció del mapa de interés del Gobierno. En la época en la que funcionó la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme, el profesor de Educación Integral Pablo Fernández (secretario técnico de la entidad) asomó un primer elemento para el análisis: “Venezuela no es propiamente un productor de armas, sino que las importa”. Esa premisa se mantiene hasta la actualidad, puesto que los proyectos para la fabricación de la pistola Zamorana y del fusil AK-103 tuvieron escaso o nulo impacto. En el caso del armamento ruso, cabe destacar, el dinero para la construcción de la ensambladora de fusiles en el país se lo tragó la corrupción militar de Caracas y Moscú.
Entonces, las armas que terminan en poder de los delincuentes en los cuatro costados del país entran generalmente por importaciones legales, llevadas a cabo por el propio Gobierno. Esto fue así por lo menos hasta 2018, de acuerdo con los datos en poder del sociólogo José Luis Fernández Shaw, ex integrante de la referida comisión.
Una muy pequeña porción podría llegar a Venezuela gracias al contrabando, tal y como se evidenció en un procedimiento dado a conocer el 1 de julio, tras la incautación de 21 fusiles AK-47 y 2 pistolas Glock, presumiblemente traídos en un buque desde EEUU. Pero este pequeño cargamento no se compagina con el número de armas que circularía en el país. Según Fernández Shaw, serían unas 700.000, sin tomar en cuenta las que utilizan en el sector militar.
“Lo que nos preocupaba no era tanto la magnitud sino el descontrol. De esas 700.000 armas, sabíamos dónde estaban unas 200.000”, reveló.

El “circuito” ilegal

Cuando fue disuelta, la Comisión para el Desarme apenas iniciaba la investigación sobre un punto que el secretario técnico calificaba entonces de “fundamental”, como era conocer los mecanismos que facilitaban o propiciaban el tránsito de las armas de fuego a la ilegalidad.
Una de las teorías más repetidas era que los antisociales obtenían (y obtienen) sus armas porque las robaban o las hurtaban a sus legítimos propietarios, en un proceso que podría calificarse de compulsivo.
Ese fue uno de los argumentos para justificar la prohibición en cuanto a la importación y la compra de armas por parte de empresas privadas o particulares, e igualmente las consecutivas resoluciones que prohíben los portes de armas.
Pero las cifras en poder del propio Gobierno sugieren que éste no puede ser el principal mecanismo para la obtención de tales instrumentos. Según estos datos, conocidos de manera extraoficial, en 2018 fueron robadas o hurtadas 1.360 armas, y otras 729 en el año siguiente, para un total de 2.089.
El arma más codiciada por los delincuentes en los últimos dos años ha sido la pistola (998), y luego la escopeta (770).
Paradójicamente, lo que más se reporta en redes es el uso de los fusiles y las granadas. Pero estos dos armamentos solo han sido robados o hurtados en 16 casos desde 2018.
Los fusiles y las granadas son por definición instrumentos de uso privativo de la Fuerza Armada Nacional. Por lo tanto, las sospechas se encaminan naturalmente hacia los cuarteles.
“La presencia creciente de armas más vinculadas a lo militar, como los fusiles hace pensar que el control de las armas de la República es muy laxo”, explicó Fernández Shaw.
Recordó que la ausencia de controles llega hasta otro elemento vital para que un arma sea eficaz, como es la munición. Durante los últimos ocho años, la promesa de instaurar un sistema de marcaje de los cartuchos se ha estrellado contra un muro erigido en la propia administración pública. Cuatro veces lo han ofrecido, y todavía el sistema no arranca. De manera que disminuye la trazabilidad de lo que se dispara.
Las bandas y las megabandas cada día que pasa exhiben un mayor poder de fuego. Los robos y los hurtos contribuyen muy poco en esto, como se pudo apreciar por las cifras manejadas en el Ejecutivo. Entonces queda la otra posibilidad, conocida con el eufemismo de “transferencia ilícita”, en la que el funcionario cede el arma, ya sea porque la vendió, la alquiló o la entregó voluntariamente. El 30 de noviembre, por ejemplo, la policía judicial informó que había detenido a un detective junto a un oficial del cuerpo de seguridad regional, señalados de comercializar armas, municiones y explosivos con el grupo de Yeico Masacre. En ese mismo caso, quedaron solicitados cinco efectivos del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestros de la Guardia Nacional (Conas).
Es difícil saber cuántas de estas armas robadas, hurtadas o cedidas son usadas inmediatamente para cometer delitos. Sin embargo, los números del propio régimen indican que el plan Desarme no ha rendido los frutos esperados, pues luego de ocho años las armas de fuego son usadas en 85 de cada 100 homicidios.

Breves

¿QUIÉN ESCOGIÓ LA ESCENA?

El 1 de diciembre compareció el mayor general (GN) Richard López Vargas ante el tribunal primero de juicio en materia de terrorismo, donde se ventila el debate oral por el estallido de dos drones en el centro de Caracas, durante los actos de celebración del aniversario de la Guardia Nacional, en agosto de 2018. López era el comandante general de este componente para la fecha. Por este caso, también conocido como “magnicidio frustrado”, fueron acusados el general de división Alejandro Pérez Gámez, el general de brigada Héctor Hernández da Costa, además del diputado Juan Requesens y otras 13 personas. Uno de los señalamientos contra Pérez Gámez indica que él de alguna forma fue determinante en la escogencia de la avenida Bolívar para la celebración del evento. No obstante, de acuerdo con lo afirmado por López Vargas durante su comparecencia, las propuestas con las distintas locaciones fueron elevadas por la máxima jefatura del componente al ministerio de la Defensa, cuyo titular Vladimir Padrino hizo la selección junto al Presidente, luego de consultar el criterio del jefe de la Casa Militar, el mayor general Iván Hernández Dala, quien entonces -como ahora- también era jefe de Contrainteligencia Militar, y tuvo a su cargo la conducción de las pesquisas correspondientes al supuesto atentado contra Maduro. Luego de la intervención de López Vargas en este juicio, Pérez Gámez tomó la palabra: “Yo no escogí la avenida Bolívar para la celebración del acto. No era de mi competencia”. Luego solicitó a la juez Enit Carolina López el otorgamiento de una “medida humanitaria” que le permita continuar su tratamiento médico para cáncer de próstata fuera de prisión.

EL SECUESTRO DEL CONTRATISTA

Las investigaciones sobre la desaparición y muerte del contratista gubernamental Edward Gregory Velásquez están muy avanzadas, y apuntan a un grupo numeroso de agentes de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional, adscritos a La Quebradita y Parque Central. Las informaciones disponibles hasta el momento indican que el comerciante, de 40 años de edad, fue visto con vida por última vez el jueves 12 de noviembre aproximadamente a las 10 pm en la calle La Escuela de Campo Alegre, cerca de la quinta Esmeralda, cuando fue interceptado por vehículos de apariencia policial. Uno de ellos era un Chery Orinoco blanco con coctelera. Luego, los funcionarios simularon un procedimiento en la vivienda de la víctima, de donde supuestamente sustrajeron una importante suma de dólares en efectivo. De acuerdo con el ex presidente de la Conacuid Carlos Tablante, esta fortuna fue cobrada como un anticipo por un contrato de suministro para el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). Inicialmente, las pesquisas fueron asumidas por agentes de la División Antiextorsión y Secuestros de la policía judicial. Según fuentes internas, las presiones para sacar el caso fueron numerosas desde el comienzo, pues Velásquez tenía muy buenas relaciones con operadores del alto gobierno. Cinco agentes de la Policía Nacional fueron detenidos, basados en los vehículos utilizados, el lugar de la intercepción y el indicio arrojado por una consulta no autorizada en el Sistema de Información Policial (Siipol), en la que corrieron el nombre de la víctima durante los días previos a su desaparición. El fin de semana de las elecciones parlamentarias, las investigaciones dieron un nuevo avance al constatarse que unos restos óseos hallados en el Cementerio General del Sur pertenecían al contratista. Ya para ese momento, estaba claro que lo de Velásquez no fue un secuestro propiamente dicho -puesto que nunca hubo solicitud de rescate ante algún tercero- sino una suerte de desaparición forzada con propósito de robo. Los restos hallados en el camposanto, posiblemente un trozo de peroné, supuestamente fueron llevados allí por algunos de los coautores del crimen, que deseaban “limpiar” las culpas con un rito palero. Los agentes de la FAES que participaron en este crimen están en fuga. Fuentes policiales indican que los detalles de este caso son conocidos por la titular del MRI Carmen Meléndez.

ORDEN CON EL UNIFORME

El 1 de diciembre, el ministerio de la Defensa emitió una directiva con las normas sobre el uso del uniforme patriota Tiuna. El propósito de esta decisión era “unificar” los criterios para la utilización del atuendo militar. Dicho de otra forma, eliminar el desorden que se podía apreciar en cuanto a las indumentarias que portaban los profesionales de armas, tanto en los cuarteles como durante las salidas en comisión. Esto además facilitará la detección de aquellas personas que han utilizado este ropaje con la finalidad de obtener ciertas prebendas, como por ejemplo el acceso preferencial a las estaciones de servicio, e igualmente de aquellos individuos que se hacen pasar por personal de la FAN para instalar falsos puntos de control y cometer delitos tales como robos o secuestros. Un aspecto no especificado en esta directiva tiene que ver con el uso de los uniformes una vez finalizada la jornada laboral. En vista del sentimiento negativo que predomina hacia la FAN y el auge de la criminalidad, en varias oportunidades se ha ordenado a los profesionales de armas que vistan de civil al salir de los cuarteles.

Libros

En el coloquio popular de los países, tiene múltiples denominaciones. Le llaman pizzo, derecho de piso, matraca, raqueteering… y así se podría llenar el resto de esta página con sinónimos de la extorsión. En el derecho tradicional, se trata de un delito contra la propiedad, puesto que quienes la ejercen al final intentan obtener una ganancia económica. Pero los estudios llevados a cabo en este siglo en Colombia (fundación Nuevo Arcoiris) y en España (Mikel Buesa), a propósito de los grupos de distinto signo ideológico que nutrían sus arcas gracias a la capitalización del miedo, nos indican que la extorsión no puede ser analizada como la conducta ocasional de algún individuo que actúa fuera de la ley. La extorsión, nos advierte John Dickey, está en la base financiera de las organizaciones criminales. Ahora, Luis de la Calle hace un interesante aporte para el análisis de este delito. En su obra La economía de la extorsión El lastre que despoja a México (México, 2020), este economista y consultor revisa al detalle el impacto que tiene la sistematización de las amenazas como medio para la obtención de ganancias ilícitas. La extorsión, nos indica el autor, ocasiona daños de diversa índole: genera y profundiza las inequidades, derivadas de la incapacidad de los más pequeños para sobreponerse a los embates de los criminales; aleja las inversiones, tanto locales como foráneas, hacia lugares percibidos como más “seguros”; despoja al Estado de vitales impuestos para su funcionamiento, al promover la informalidad de los negocios y obligar a encaminar recursos hacia los sistemas represivos. En fin, la extorsión comporta una progresiva sustitución del Estado en su función primordial, que es ofrecer “seguridad” a sus ciudadanos. El efecto pernicioso de este delito, nos sugiere de la Calle, no se puede medir solamente a través de las cifras duras de pagos periódicos u ocasionales a las bandas criminales o a los policías corruptos. Hay un intangible, un impacto que ocurre en las sombras, en el silencio, pero que puede y debe ser medido y sumado al primero. Aunque esta investigación se centró en la realidad mexicana, aporta interesantes y novedosos elementos para el análisis de lo que ocurre en otras latitudes como la nuestra, donde se intenta obligar a los comerciantes a entregar sus ganancias a punta de granadas y disparos de fusil. Este libro puede ser adquirido en formato electrónico.

Para comunicarse con el autor de esta columna, compartir denuncias, datos y críticas, puede escribir al correo electrónico crimenessincastigo@gmail.com.