domingo, 21 de febrero de 2021

Expansión criminal (I/II)

 -Las grandes bandas del país han internacionalizado sus operaciones, ocultas en el éxodo masivo de los últimos años
 
@javiermayorca
 
El éxodo masivo propiciado por el régimen de Nicolás Maduro ha ocasionado una internacionalización de la criminalidad que antes se encontraba confinada en el territorio de Venezuela. En esta entrega se tratará solo el aspecto del delito violento, y se dejará el otro para la siguiente edición.
Desde la primera década del siglo XXI, Venezuela figura entre los países más peligrosos del hemisferio occidental Así lo revelan los estudios periódicos del Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV). En su última comparación, presentada el 29 de diciembre, Venezuela continúa como la nación más violenta de Latinoamérica, con una tasa de 45,6 muertes por cada 100.000 habitantes.
De igual forma, la ONG mexicana Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Justicia Penal ha advertido que tres de las ciudades con las mayores proporciones de homicidios por población del mundo están en Venezuela: Caracas, Ciudad Guayana y Ciudad Bolívar.
Estos indicadores no son nuevos. De hecho, si son comparados con los que emitían esas mismas organizaciones hace una década sería fácil deducir que la criminalidad venezolana tarde o temprano se desparramaría por los países vecinos, e incluso iría más allá del Atlántico. Esta fue la idea central que se puso sobre el tapete en un trabajo publicado en este mismo espacio, en abril de 2016, titulado Hampa for export.
Desde entonces hasta el presente la expansión de la criminalidad violenta venezolana se ha agudizado, solapada entre las oleadas de emigrantes que huyen de la crisis humanitaria compleja. Según la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), han salido del país casi 5,5 millones de personas, contadas a partir de 2017.
La delincuencia violenta es la que más preocupa a los países anfitriones o de llegada. La otra criminalidad, la de cuello blanco, ya había expandido sus operaciones mucho antes que se verificara el éxodo masivo de venezolanos. Los discursos anti emigrantes que hemos escuchado últimamente en Perú, Chile y en la Bogotá de la “progre” Claudia López esgrimen como argumento la participación de venezolanos en delitos callejeros. Les molestan los ladrones de joyerías, los asaltantes de turistas y los jíbaros del Bronx bogotano. Nada dicen sobre los capitales sucios que llegaron mucho antes a sus bancos, o que sirvieron para mantener a flote sus industrias. Ese delito no golpea en la calle, pero sí se pasea por las escuelas de equitación y en los salones de subastas.
El caso más notable de expansión criminal violenta afuera del país ha sido el del llamado Tren de Aragua, una agrupación delictiva que tiene su epicentro en el internado judicial de Tocorón (Aragua). Su líder reconocido Héctor Guerrero, alias Niño Guerrero, es señalado como el principal reo de esa instalación, cuya población supera los 7000 reclusos. La banda comenzó en los primeros años del siglo XXI con el robo de vehículos, secuestros y extorsiones en el centro del país. En julio de 2020, autoridades peruanas reportaron la detención de uno de sus integrantes, cuando hacía planes para trasladarse a Venezuela para asesinar a dos personas y regresar a Lima.
De acuerdo con el director ejecutivo de InSightCrime, Jeremy McDermott, hay individuos o células de esta banda en Brasil, Ecuador, Perú y Colombia, donde se dedican al tráfico de drogas, el sicariato y la extorsión a los emigrantes que intentan cruzar la frontera a través de los pasos informales, o trochas.
El 17 de diciembre, funcionarios de la Policía Metropolitana de Cúcuta y la Fiscalía colombiana detuvieron en Medellín a Freddy González, señalado de ser el cabecilla de la organización aragüeña en la ciudad fronteriza con San Antonio del Táchira. Según el reporte del rotativo La Opinión, González se había ocultado en la capital de Antioquia luego de matar a otro venezolano, en abril de 2020. En ese tiempo, cambió su aspecto físico dejándose la barba y aumentando notablemente de peso.
Colombia ha sido el país más impactado por el éxodo masivo desde Venezuela. Los 2200 kilómetros de frontera permiten un paso relativamente fácil de un lado a otro, ya sea cruzando los puentes internacionales o los caminos informales, dominados por organizaciones criminales.  Según la autoridad migratoria de ese país, para finales de 2020 permanecían en territorio neogranadino 1,7 millones de venezolanos. De ellos, más de 900.000 se encuentran en situación irregular.
“La vulnerabilidad de los emigrantes se ha incrementado por la pandemia del Covid-19, lo que ha potenciado el reclutamiento y la explotación de venezolanos por el crimen organizado”, explicó McDermott.
Pero el Tren de Aragua no es la única megabanda con presencia en el exterior. Según McDermott, dos grandes clanes surgidos en Zulia, los Leal y los Meleán, trasladaron sus conflictos a las ciudades colombianas de Bogotá y Barranquilla, dejando una estela de muertes en ambas ciudades. En noviembre de 2020, autoridades colombianas ultimaron al líder de la primera organización Willy Meleán, durante un operativo en Bogotá. El ministro de la Defensa colombiano para el momento, Carlos Holmes (ya fallecido), indicó que Meleán tenía tres órdenes de captura cursadas a través de Interpol.
Uno de los grandes beneficiados por esta operación policial fue el sargento expulsado de la Guardia Nacional Erick Alberto Parra, alias Yeico Masacre, quien desde Colombia ha intentado apoderarse de los espacios de extorsión y sicariato que antes ocupaban los Meleán, tanto en ese país como en Zulia.
McDermott afirmó que una de las actividades con mayor incremento durante los últimos meses ha sido el uso de venezolanos como “pasadores” o mulas de droga hacia Venezuela. Luego, los alijos son consolidados en caletas ubicadas en territorio nacional y enviados con lanchas go fast hacia islas del Caribe como Aruba y República Dominicana, o hacia Europa, luego de ser entregadas a navegantes de buques de mayor calado.
 
Transformación del delito
 
Desde la publicación de Hampa for export en 2016 hasta ahora, algunos grupos de delincuentes comunes venezolanos han refinado sus actividades, tratando de aprovechar las oportunidades que planteaba el éxodo de sus connacionales, en un contexto de pandemia, tal y como lo observó la investigadora de la Universidad Católica del Táchira, Ana María Rondón.
Ya no se caracterizan solamente por ejecutar robos u homicidios. Ahora, tratan de intervenir en actividades más sofisticadas como el tráfico de emigrantes, a menudo en condiciones precarias.
En diciembre, el fiscal del régimen Tarek William Saab admitió que habían muerto 28 personas al zozobrar dos lanchas que hacían viajes clandestinos entre Güiria (estado Sucre) y el puerto de San Fernando, en Trinidad. Por este caso, permanecen detenidos siete efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana y dos civiles, señalados de participar en la organización de tráfico de emigrantes.
En los límites con Colombia, desde 2018 los venezolanos disputan el control de algunos pasos informales o trochas. La situación es todavía caótica en esos caminos, lo que según el director de Fundaredes Javier Tarazona ha propiciado el asesinato de 39 personas solo en 2020. Otras seis han fallecido en lo que va de año.
Pero estos procesos de organización criminal en torno a los venezolanos aún no se han estabilizado, y probablemente tardarán mucho en llegar a ese nivel. Por ahora, la población venezolana en Colombia viene a ser la minoría extranjera más vulnerable. Las cifras del servicio de Medicina Legal de ese país revelan una violencia creciente contra los venezolanos. En 2019 murieron 367 emigrantes. En 2020 la cifra se elevó a 399. La pandemia no impidió que la violencia se elevara 8% entre ambos años. Y en enero perdieron la vida otros 77.
Según el director del Observatorio Venezolano del Delito Organizado, sociólogo Luis Cedeño, “algunas redes han evolucionado y migrado de actividad, para aprovechar la vulnerabilidad de la población”.
Cada contexto amerita un análisis particular. En el caso de Güiria, afirmó Cedeño, se trata de organizaciones dedicadas al traslado de personas, que también podrían estar ligadas a la explotación sexual o laboral de los emigrantes en los países de destino.
Indicó que estas estructuras ilegales se han consolidado gracias a que Maduro se perpetúa en el poder.
“Maduro representa la estabilidad para este modelo criminal. Siempre habrá una relación de simbiosis o dependencia entre estos grupos e instancias del Estado”, advirtió.
Dijo que la admisión de lo ocurrido en Güiria y casos similares reportados entre Falcón y las Antillas Neerlandesas “deja al Gobierno sin excusas”, y probablemente lo obligue a actuar para mitigar una situación que lo expone negativamente ante la comunidad internacional.
“Sin embargo, por lo visto sabemos que la estabilidad del gobierno representa la estabilidad para estas redes”, concluyó.
 
Breves
 
JUSTICIA TUMULTUARIA

Por lo menos cincuenta personas murieron linchadas en Venezuela durante 2020. Las cifras de la policía judicial, conocidas extraoficialmente, indican que la mayoría de los casos ocurrió en Bolívar (14), Monagas (9) y Anzoátegui (6). En el municipio Libertador de Caracas fueron contados cinco casos, que tuvieron escasa visibilidad en virtud de las limitaciones impuestas al trabajo periodístico. En los linchamientos, un grupo de personas arremete contra un individuo, y lo golpea y hiere hasta quitarle la vida. Generalmente, son hechos poco planificados e impregnados de iracundia hacia una persona que es percibida por los agresores como responsable de delitos atroces, como violaciones o asesinatos de víctimas indefensas. Los linchamientos son estimulados por la impunidad. Y eso va en dos vías: la percepción de que los órganos de justicia no serán efectivos para sacar de las calles a un delincuente, e igualmente la convicción de que nadie será responsabilizado si ese delincuente es ultimado mediante una acción colectiva. En 2020, los linchamientos representaron el 1,05% del total de homicidios (sin contar los casos de “resistencia a la autoridad”), mientras que en 2019 fueron 0,78% del total. En otras palabras, el peso estadístico de los linchamientos se incrementó el año pasado, a pesar de la pandemia, o quizá gracias a ella.

INSTRUMENTO DE LAS FARC

Una corte estadounidense acogió la moción del hijo de una víctima de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en el sentido de que le sea pagada una compensación por daños y perjuicios contra fondos de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) congelados en la banca de ese país. La decisión fue emitida el 20 de diciembre de 2020 por el magistrado de la Corte del Distrito Oeste de Nueva York Lawrence Vilardo, quien consideró debidamente probado el hecho de que la estatal petrolera venezolana es un instrumento de la guerrilla colombiana, según los extremos fijados por el Acta de Seguros contra Riesgos del Terrorismo (TRIA, por sus siglas en inglés). Este proceso empezó en 2012, cuando Antonio Caballero demandó en un juzgado de Florida al referido grupo subversivo, e igualmente al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y al cartel del Norte del Valle por el secuestro, las torturas y el asesinato de su papá homónimo, en 1999. En mayo de 2020, el juez distrital Michael Moore sentenció que Caballero podría recibir una compensación de 45 millones de dólares. Luego, el propio demandante movió el proceso a la corte neoyorkina para hacer efectiva la decisión emitida en Florida, a sabiendas de que unos fondos de Pdvsa permanecen congelados en el M&T Bank Corporation de Buffalo. En su solicitud, Caballero consignó testimonios de expertos como el investigador Douglas Farah, quien reveló ante una comisión del Senado de ese país que dos subsidiarias de Pdvsa, Albanisa de Nicaragua y Alba Petróleos de El Salvador son “elementos clave en la estructura financiera internacional de las FARC”. En el expediente, además, aparece una declaración jurada de Joseph McBrian, un ex director de la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC, por sus siglas en inglés) quien señaló que fueron usados fondos de Pdvsa para adquirir armas de China, y que parte de ese cargamento fue entregado a las FARC. “Pdvsa es, por ende, un instrumento de las FARC”, sentenció el juez Vilardo. 

DISCURSO EN SINTONÍA

El 10 de febrero, el Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación Nacional (ELN) emitió un comunicado para salir al paso a lo que calificó de “manipulación mediática del régimen fascista”, que según esta guerrilla encarna el actual presidente colombiano Iván Duque. Los elenos rechazaron, una vez más, la exigencia formulada por el Ejecutivo colombiano para que se produzca la entrega de los delegados de la cúpula de ese movimiento que permanecen en Cuba. Como se sabe, esta puesta a derecho es exigida luego del atentado con un carro-bomba contra la Escuela de Cadetes en Bogotá, perpetrado en enero de 2019, que dejó un saldo de 22 fallecidos. El frente de guerra que emite el comunicado tiene creciente influencia en Venezuela. Según los datos manejados por la FAN, el ELN es la guerrilla colombiana con mayor presencia en el país. Ocupa territorios en Amazonas, Bolívar, Apure, Táchira y Zulia. Llama la atención la similitud de los términos utilizados en pasajes del referido comunicado y los de las últimas intervenciones del ministro de la Defensa venezolano, Vladimir Padrino. Por ejemplo, tanto el general en jefe como los guerrilleros acudieron a los términos “lacayo” y “apátrida” para denostar de representantes del estamento neogranadino, o de quienes simplemente no comparten sus posiciones.

Libros

Cae ahora en nuestras manos la última obra de los académicos e investigadores colombianos Eduardo Salcedo-Albarán y Luis Jorge Garay-Salamanca, Súper red de corrupción en Venezuela. Cleptocracia, nepotismo y violación de derechos humanos (Bogotá, 2021). Debo confesar que este título en superlativo generó cierta desconfianza a quienes creemos en la mesura y la prudencia a la hora de emitir juicios, en especial si van en la portada de una obra de investigación. Pero una lectura más allá de las primeras páginas pronto desmontó estas sospechas. Lo de “súper red” no tiene que ver con un interés manifiesto por condimentar el discurso sobre un tema de por sí bastante escandaloso. Se refiere a una categoría que intenta describir las dimensiones de las cadenas de relaciones detectadas -y debidamente reflejadas en fríos registros numéricos- entre los centros de estas marañas corruptas y sus periferias, así como entre sus círculos más cercanos y otras redes menos próximas. Los autores no dudan en sentenciar que estas redes superan con creces en sus magnitudes a las trazadas para el caso Lava Jato, por el que fueron destituidos dos presidentes brasileños, otro en Perú, y que propició el suicidio de uno que recién había abandonado el cargo, atormentado por la inminencia de su detención. Basados en relatos periodísticos, entrevistas y expedientes judiciales, Salcedo-Albarán y Garay-Salamanca pintan trazo a trazo el gigantesco cuadro de la corrupción venezolana, gestada primero durante los años de Hugo Chávez y refinada al máximo por su heredero. Encuentran a 5.000 nodos agentes, que establecieron 17.000 interacciones, y que apuntan a una decena de cabezas, que serían los grandes operadores del llamado “estado criminal”. Una obra meticulosa, reveladora y de novedoso enfoque. Puede ser adquirida en formato electrónico.

Para comunicarse con el autor de esta columna, puede escribir al correo electrónico crimenessincastigo@gmail.com, o mediante mensaje directo a las cuentas Twitter @javiermayorca o Instagram @crimenessincastigo

domingo, 7 de febrero de 2021

Los buenandros

 -La permanencia de bandas como las del Coqui y Wilexys no solo es consecuencia de la ineficacia policial para imponer la ley. Son individuos que han sabido ganarse a una parte de las comunidades donde operan, y cambiar parcialmente la imagen de malandros

@javiermayorca

El domingo 18 de octubre ocurrió un hecho cuya importancia debe ser anotada. Ese día, residentes del conjunto Paraíso Plaza tomaron la avenida Páez para hacer pública una solicitud al líder de la banda que opera en la Cota 905, Carlos Luis Revette, para que detenga las invasiones de áreas verdes.
Los vecinos, provistos con pequeños carteles, solicitaron el concurso de alias Coqui ante la inoperancia de los cuerpos de aplicación de las leyes.
Este incidente pone de manifiesto que los delincuentes no solo roban, secuestran y matan. Llega un momento en que desarrollan un grado tal de control sobre su entorno que se convierten en la instancia a la que voltean todas las miradas cuando un problema parece insoluble.
Lo sucedido con los residentes de Paraíso Plaza no es algo que surgiera de la nada. Por el contrario, se trata de un paso lógico dentro de un proceso sobre el cual no existe mucha documentación. Lo que sabemos hasta el momento es que Revette y su grupo, además de todas las cosas ya reportadas en las páginas de sucesos, han logrado cierto nivel de aceptación a lo interno de esa populosa comunidad, ubicada en el corazón del municipio Libertador.
Un trabajador social de la zona lo explica en los siguientes términos: “Nuestra experiencia a veces pasa por la intimidación, pero la mayoría de las veces ellos han respetado nuestro trabajo”.
Revette y su banda, además, despliegan ciertos programas de acción comunitaria. No solo se trata de entregar alimentos a familias necesitadas de la parroquia. 
“Hemos visto que en diciembre entregan regalos, y que resuelven algunos temas que se plantean en la comunidad. Hay allí todo un dominio de lo que sucede en la zona”, afirmó.
Como cuestiones puntuales, la organización del Coqui también contribuye con el pago de los funerales, no solo de los integrantes de su banda, sino del entorno comunitario. Y en oportunidades, de acuerdo con este testimonio, se le ha visto entregando medicinas. Súmese a eso las multitudinarias fiestas que tienen su epicentro en canchas múltiples del sector, y se verá la faceta de un individuo que, aún figurando en la lista de los “más buscados”, no pierde la oportunidad de colaborar con su vecindario.
La gobernanza criminal en El Paraíso
Algunos expertos llaman a este fenómeno “gobernanza criminal”. Aunque esta expresión abarca un amplio conjunto de situaciones, en el caso de la Cota 905, “el Coqui ha sustituido al Estado y se ha convertido en ley”, de acuerdo con el abogado Luis Izquiel.
Según el coautor del libro Revolución de la muerte, las comunidades sienten que individuos como Revette, que han logrado importantes avances en el mundo delictivo, pueden ser capaces de defenderlas, y resolver por ejemplo incidentes como el de las invasiones.
“Los códigos o normas que imponen estas bandas impiden además que delincuentes de menor jerarquía operen en las zonas de influencia. Y es que el verdadero negocio de estos prames no está en el barrio”, explicó.
Al lograr cierto respaldo social, el delincuente puede asegurarse la continuidad de sus operaciones ilegales, e incluso extenderlas a otros rubros. Este fue el caso del líder del cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria. Aún hoy en día, a más de veintisiete años de su muerte, el hombre que puso en jaque al estado colombiano con una ola de violencia urbana que parecía no tener pausa, es venerado en el barrio de la urbe antioqueña que lleva su nombre, y que él contribuyó a reformar desde sus cimientos.
Algo similar sucede con Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, en su natal Badiraguato (México). Esto llevó al autor Malcolm Beith (2010) a calificar al patrón de Sinaloa como un “seductor”, que creaba la apariencia de ser el protector de la gente, en especial los más desposeídos. Debido a este carácter, “todos dentro de su red se identificaban con él”.
Esto hace que la imagen de los malandros cambie radicalmente en sus entornos más cercanos en la medida en que logran mayores niveles de organización, para transformarse así en buenandros, un calificativo que alguna vez usó Hugo Chávez, y que recogió Maduro durante su primera campaña por la presidencia.
Al hurgar un poco en la realidad del país nos daremos cuenta de que Coqui no es el único en este grupo. En Falcón, alias Chichí Smith había institucionalizado su estructura para ayudar a la población de Carirubana, mediante una fundación que lleva el nombre de su mamá, Carmen Martínez. Y mientras tanto, continuaba enviando toneladas de cocaína al exterior. Cuando la PNB y la GN allanaron las oficinas de la entidad benéfica, los pobladores manifestaron en contra e intentaron entorpecer el operativo.
En otros momentos, el Turco Walid Makled y su hermano Abdalá fueron famosos en Valencia y Puerto Cabello por la entrega de enseres y comida a personas humildes, y otras que no lo eran tanto. Al oriente venezolano, en Carúpano, el sargento expulsado de la Guardia Nacional Aurelio Yeyo Labrador Aristimuño ganaba aceptación social por sus ferias de alimentación, que en diciembre se transformaban en los denominados “hallacazos”. Todos comían, y en 2007 eran tantos los elogios que el hombre creyó que podría ganar la alcaldía de la ciudad sucrense, solo con el respaldo financiero de sus amigos traficantes.
Yeyo no tuvo “narcocorrido”, pero sí un vallenato que alguna vez le cantó Dionisio Díaz, el hijo de Diomedes:

Es un hombre solidario
Le da la mano a la gente,
Ayuda al necesitado
Y la Virgen lo ayuda a él.
No es porque sea mi compadre
Pero es muy inteligente
Si se lanza para alcalde
Yo voy a votar por él.

Labrador no pudo lanzarse pues lo asesinaron unos sicarios. Su entierro paralizó la ciudad oriental. Lo mismo que sucedió en Falcón cuando otros matones a sueldo eliminaron a Simón Álvarez.
En Caracas, la lista de buenandros no se restringe solo al Coqui. Al este de la ciudad está el feudo de Wilexys Acevedo. Una comerciante en José Félix Ribas se sorprendió al conocerlo. Cuando llegó en sus camionetas de alta gama al local, creyó que iban a extorsionarla. Pero el hombre le solicitó, personalmente y de buena manera, alimentos para una jornada social. Y mientras tanto, lo que fue uno de los sectores más peligrosos de toda América Latina ha logrado cierto orden.
“A Wilexys no lo han capturado por esa aceptación social. Hay vecinos de José Félix Ribas que me han dicho que tienen miedo de volver a la anarquía previa. Desde que llegó, hay una paz en el barrio. Es el malandro mayor”, explicó Izquiel.

Breves
 
ENERO DE MUERTE

Las ventanas rotas de la violencia en la Cota
¿Cómo fue la secuencia de muertes violentas en La Vega durante el mes de enero? Según registros a los que se tuvo acceso de manera extraoficial, los homicidios en esa parroquia caraqueña comenzaron el primer día del año. Murieron Luigi Alexander Esparragoza y Jhonny José Rodríguez, de 30 y 61 años de edad, respectivamente. El 8 de enero, fueron contabilizadas las muertes de Raúl Antonio Lira y Edwin Gabriel Rivas, ambos de 25 años de edad; Nelson Villalta Lima (50) y Jerickson José García (32). Ese mismo día comenzó la incursión de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional (FAES), que se extendió hasta el 9 de enero. Las cifras manejadas por las autoridades indican que hubo 16 fallecidos en supuestos incidentes de “resistencia a la autoridad''. Como suele suceder en estos casos, la mayoría de los cadáveres llega sin identificación plena. Solo se dispone de tres nombres: Wilfredo José Naranjo (38) y Alvaro Eduardo y Ángel de Jesús Palma (33 y 27). Las muertes a manos de agentes policiales continuaron el 16, cuando fue ultimado Adán Ezequiel Medina (30). Y el 24 mataron a Miguel Angel Centeno (25). Durante el primer mes de 2021 hubo en La Vega veintiún muertes por supuestos enfrentamientos con agentes policiales, y trece homicidios por la acción de otros elementos. En total, 34 muertes violentas. El registro más alto para este lugar desde hace muchos años. La violencia en La Vega, atribuida a la expansión de la banda de la Cota 905, se prolongó hasta los primeros días de febrero, con tiroteos que han aterrorizado a los residentes de El Paraíso. Las “balas perdidas” han aterrizado en casas y apartamentos, tal y como se muestra en esta gráfica aportada por uno de los afectados. Y nadie se responsabiliza por ello.

CONFLICTO POR LA COCA

Una disputa por el control del territorio entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL) está a punto de ocasionar un nuevo brote de violencia armada en el municipio Convención, ubicado apenas a 78 kilómetros de la frontera con Venezuela. Un comunicado emitido el 13 de enero por el frente 33 de las FARC reconoce que uno de sus integrantes murió durante un enfrentamiento a tiros con elementos del EPL, a quienes calificaron de “extorsionistas”. En el documento, este frente de la disidencia del grupo armado, liderado por alias Darwin, declaró “objetivo militar” a los integrantes del EPL. Cuatro días después, este grupo admitió la referida muerte durante un cruce de fuego, pero indicó que todo fue producto de “hechos fortuitos”, acaecidos durante la recaudación del denominado “impuesto de guerra”, mediante el cual se logra el “sostenimiento del proceso revolucionario”. En ese punto, la respuesta del EPL advirtió que también mantienen un conflicto con el ELN, “que en nada beneficia al proyecto insurgente”. ¿Por qué estas tres guerrillas pugnan en ese sector, fronterizo con Venezuela? De acuerdo con el sistema de monitoreo de cultivos ilícitos, en Norte de Santander está casi el 10% de toda la coca sembrada en Colombia. Hay tanta que los carteles han venido contratando a “raspachines” venezolanos para participar en las tres cosechas anuales. El control sobre esos espacios reporta a los grupos armados importantes ganancias por concepto de “gramaje”, que es un impuesto a las siembras de coca. A cambio, ellos ofrecen la seguridad que el Estado colombiano no puede proveer en esas localidades remotas. 

VIOLENCIA DE GÉNERO

El Ministerio Público pareciera descartar la existencia de una supuesta “pandemia” de violencia contra la mujer. Según cifras de ese despacho, entregadas recientemente al Ejecutivo, entre 2014 y 2018 las denuncias de violencia de género han disminuido de manera consistente. De acuerdo con esta serie estadística, hace siete años fueron iniciados 95.956 casos. En 2018, el total había descendido a menos de la mitad (48.415). En 2019, se proyectaba un total cercano a las 30.000 denuncias, lo que reforzaría la tendencia de los períodos anteriores. En cuanto a las medidas de protección ordenadas por los juzgados de la materia, 2017 fue el año con mayor actividad. Hubo 86.889 decisiones que intentaban resguardar a las víctimas. En los años posteriores, fueron disminuyendo en forma constante. En 2020, año signado por el confinamiento a propósito de la pandemia por el Covid-19, murieron 477 personas de sexo femenino por la acción de terceros. Esto equivale al 10% del total de homicidios, por causas distintas a la llamada “resistencia a la autoridad”. Es el mismo porcentaje que hubo en 2019.

EL "COMPATRIOTA" SAAB

Todo comenzó en La Campiña
La campaña de pintas y pendones para exigir la libertad del colombiano Alex Saab comenzó el primer fin de semana de febrero en los alrededores de Petróleos de Venezuela, en La Campiña. Este dato es significativo, toda vez que este empresario ha sido señalado por el Departamento del Tesoro estadounidense de participar en una red clandestina de colocación del crudo venezolano en mercados internacionales. Con el pasar de los días, los grafitis que alaban al extraditable (“compatriota luchador”) se extendieron a Chacao y Petare. El siguiente fin de semana ya estaban en los muros del estado Vargas, donde Saab también tiene intereses. Recuérdese que Salva Foods, la compañía del magnate que ensambla las cajas Clap, tiene uno de los galpones más grandes en el puerto de La Guaira. No son pintas improvisadas. Por el contrario, usan figuras de molde, letras estilizadas y dos colores (rojo y negro), lo que sugiere la existencia de una elaboración previa. Esta cruzada ha tenido otros aspectos, como la promoción de entrevistas con supuestos expertos y defensores de derechos humanos, que son consultados con el propósito de cuestionar la validez del procedimiento aplicado para capturarlo en el archipiélago de Cabo Verde, en junio de 2020. Han pasado casi ocho meses desde que se produjo esta detención. En ese lapso, el gobierno del país africano se ha negado a reconocer el estatus diplomático invocado por el régimen de Maduro para defender al colombiano. Cuando se mira este proceso en su totalidad, todas las decisiones del Ejecutivo y los tribunales caboverdianos han sido favorables a la extradición. Solo han ocurrido algunas concesiones, como por ejemplo la de casa por cárcel. Así que el traslado de Saab a EEUU pareciera ser cuestión de semanas.

Libros

El nexo entre los órganos del Estado y el delito es motivo de crecientes preocupaciones. No es un asunto que ataña exclusivamente al caso venezolano, o a la Italia de la tangentópolis. Por el contrario, en los cuatro puntos cardinales parecieran existir evidencias de colusión, complicidad o aquiescencia con actividades reñidas con las leyes. El último escándalo apuntó al ex ministro de la Defensa mexicano, general Salvador Cienfuegos, sobre quien pesan sospechas de que fue "tocado" por los dineros del Chapo Guzmán. Desde otros lugares también surgen ocasionalmente informaciones preocupantes. Generalmente, son descritas con el término “corrupción”, puesto que este pareciera ser un factor común a casos de tráfico de drogas, armas, migrantes, trata de personas y otras actividades propias de la delincuencia organizada. Pero Samuel Schmidt (México, 2020) sostiene que ese término se ya quedó corto. No abarca todo el problema. No es solo dinero mal habido. Esta observación inspiró su último ensayo Crimen autorizado. La estrecha relación entre el Estado y el crimen. Según este abogado, la asociación entre criminales y Estado ya se ha convertido en algo estructural. Lógicamente, esto “dificulta el combate contra el crimen y la corrupción”. Schmidt ve ciertas manifestaciones del delito “gozando de autoridad gubernamental”. A partir de allí, las leyes no son utilizadas para garantizar la vida en sociedad. Los criminales se han apropiado del marco institucional “para utilizar la ley en contra de la sociedad”. Por lo tanto, el crimen autorizado es mucho más que la corrupción sistemática, para convertirse en un régimen “construido a lo largo del tiempo”. Este autor enfatiza en que la imposición del crimen autorizado produce un menoscabo de los valores democráticos y una pérdida de la calidad de vida. Schmidt no se contenta con citar solo ejemplos mexicanos, sino que tiende la mirada más al sur, donde también abundan. Esta obra puede ser adquirida en formato electrónico.

domingo, 24 de enero de 2021

La privatización de la seguridad

-El incremento explosivo de la extorsión en 2020 revela la creciente incapacidad del Estado para cumplir con una de sus misiones fundamentales

@javiermayorca

En la entrega anterior se adelantó que el comportamiento de la extorsión en el país durante 2020 ameritaba una consideración especial, tomando en cuenta el notable incremento en el número de denuncias recibidas y procesadas por los cuerpos de seguridad, en el contexto de la prolongada cuarentena.
La extorsión -así como la concusión- no es un delito cualquiera. Se trata, por decirlo así, de la evidencia más palpable sobre la existencia de estructuras criminales que avanzan en su proceso de organización y crecimiento. En la extorsión, estos grupos ofrecen un valor preciado, como es la seguridad, a cambio de un pago. En este sentido, cuando la extorsión llega a los niveles que hemos visto en el país, nos indica que estamos ante procesos de suplantación del Estado en su función primordial.
La principal herramienta de la extorsión es la amenaza. En su historia de la Cosa Nostra, John Dickie (2006) recuerda que los mafiosos sicilianos eran antes que todo “empresarios de la violencia”, la factual y también la que se asoma, quizá apenas con un gesto o un breve mensaje, expresado en términos elusivos. En la isla del sur italiano, abandonada por la capital, el verdadero poder lo ejercía esta estructura criminal. Y aunque parezca insólito, por mucho tiempo su fuente primordial de recursos no fue el tráfico de drogas sino el cobro por seguridad, o pizzo.
La extorsión es además un delito esencialmente discriminador. Las víctimas son aquellas personas o empresas que, a los ojos de los criminales, pueden pagar por la prolongación de su tranquilidad. Entonces, quienes no pueden hacerlo quedan a expensas de los delincuentes, puesto que en esos lugares las fuerzas de la ley son vistas como impotentes, ineficaces, cómplices o todo esto al mismo tiempo. Al pagar, ya sea por temor o conveniencia, se concreta una relación entre privados, una especie de contrato verbal, de riguroso cumplimiento.

De la PNB a Yeico Masacre

El llamado socialismo del Siglo XXI tenía entre sus propósitos la concentración de la mayor cantidad de poder en el Estado, y en específico del gobierno central. La Constitución del 99 fue un punto de partida imperfecto. Hugo Chávez lo sabía, y por eso intentó su reescritura ocho años después. Como no tuvo éxito, optó por un esquema de gradualidad, que Maduro ha continuado.
En el plano de la seguridad ciudadana, la tendencia centralizadora y estatista tuvo una primera expresión en la Ley del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional, implantada mediante decreto habilitante en 2008. En su exposición de motivos, el Chávez-legislador manifestó su rechazo hacia las tendencias privatizadoras en esta materia. Pero no lo hacía por atenerse a un plan diseñado con anterioridad, sino por temor a que se formaran en Venezuela grupos paramilitares como los que proliferaron en Colombia, a la sombra de las llamadas Convivir, cooperativas de seguridad que contaron en su momento con respaldo de Bogotá.
La idea del teniente coronel, tomada luego por Maduro, fue avanzar en lo posible en la suplantación de las policías regionales y municipales -heredadas del proceso descentralizador- por un cuerpo regido desde Caracas, eliminando en el camino cualquier matiz o divergencia ideológica. El proyecto, en algún momento evaluado durante la gestión del general Reverol en Relaciones Interiores, fue plegar estos cuerpos a la PNB, para que todos fuesen “revolucionarios, socialistas y profundamente chavistas”.
La iniciativa no tuvo éxito, entre otras razones, porque ya se percibía la imposibilidad de asumir una nómina de más de 120.000 hombres, cuando en ese momento eran unos 26.000.
Las policías quedaron entonces como una carga muy pesada, y al garete. Sus agentes, abandonados a la buena de Dios, con ingresos mensuales que en promedio no llegan a los cinco dólares y sin seguridad social efectiva. Por eso, no debe extrañar el progresivo abandono de las calles por parte de los uniformados. La iniciativa anunciada por la almirante Meléndez, en cuanto a la rápida graduación de 30.000 nuevos agentes, solo confirma que el pie de fuerza de los cuerpos preventivos ha mermado como mínimo en 25%. 
En medio de este deslave policial, uno sospecha que los agentes restantes se mantienen allí gracias a ciertos incentivos: porcentajes o comisiones por multas o remolques de vehículos; el cobro de paso preferencial en estaciones de servicio; la posibilidad de “liberar” más tiempo y así poder trabajar como escoltas, armados y con chapa, y jefes que se hagan de la vista gorda cuando los subalternos trabajan como “parceleros” en las horas de cierre de automercados y panaderías, por citar solo algunos factores, presenciados directamente.
Al final, el agente de aplicación de la ley termina saliéndose de las restricciones que impone la pertenencia a un cuerpo uniformado, y en cierta forma se equipara a grupos como el de Yeico Masacre, que exigen pagos a cambio de tranquilidad.
En 2020 fueron iniciados 394 expedientes por extorsión o por concusión, un delito muy parecido al primero, en el que la solicitud de pago se hace de manera solapada, tal y como lo relató a Efecto Cocuyo un hombre que viajó desde Bolívar a Caracas, y se topó con un PNB que le pidió “colaboración” para el pan, a pesar de que ya le había entregado 400.000 bolívares en efectivo.
Estos episodios pueden formar parte de relatos periodísticos, pero rara vez son consignados en denuncias formales. La mayoría de las extorsiones queda en las llamadas cifras negras, alimentadas por el miedo que suscita la posibilidad de ser objetivo de una violencia mayor. Por todos estos factores, el incremento de 90% en la extorsión con respecto al año anterior debe ser tomado como un punto de alerta y una señal sobre el estado de inseguridad que atraviesa la ciudadanía. Y es también una prueba de la disolución progresiva del Estado.

Breves

UNA PEQUEÑA FRACCIÓN

Entre las 9050 víctimas de homicidio reportadas en 2020 en Venezuela, 174 fueron funcionarios policiales o militares -activos o jubilados-, así como escoltas o vigilantes. Según registros conocidos extraoficialmente, ninguno de ellos fue ultimado en el ejercicio de sus funciones, sino en el contexto de robos, ajustes de cuentas, riñas e incluso ataques por sicarios. Pero el motivo más frecuente fue la resistencia al robo, con 82 casos, lo que equivale al 47% de las víctimas de este selecto grupo. Las muertes en el ejercicio de las funciones fueron mucho menos frecuentes. De acuerdo con estos datos, hubo 46 funcionarios fallecidos en el cumplimiento del deber durante 2020. Sin embargo, en esta lista se confunden los nombres de aquellos que intentaron actuar en forma correcta con los que usaban el uniforme para beneficio de organizaciones criminales, tal y como sucedió el 14 de noviembre durante el rescate de una víctima de secuestro. En este caso, efectivos de la policía judicial se enfrentaron a tiros contra funcionarios de ese mismo cuerpo, en la calle principal de Lomas de Urdaneta. Sin lugar a dudas, el suceso que arrojó la mayor cantidad de uniformados caídos ocurrió en el sector La Charca de Apure, el 19 de septiembre, cuando un grupo de acciones especiales adscrito a la 92 Brigada Caribe se enfrentó con insurgentes del Frente 10 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que tenía cautivo en ese lugar al hermano de un exgobernador del departamento colombiano de Arauca. Cuatro militares murieron en este incidente.

ENTREGA DEL TERRITORIO

El Risk Awareness Council se define como una organización sin fines de lucro basada en Florida y dedicada al estudio y la divulgación de conocimiento sobre riesgos políticos y de seguridad. En enero, divulgó un documento denominado Esto es Venezuela: entre la estabilización y la amenaza de un estado en disolución. Sus autores (Carlos Blanco, José Arocha y Alberto Ray) plantean una caracterización del régimen liderado por Nicolás Maduro como “un ensamblaje reticular y dinámico, que opera en un delicado equilibrio binario de pesos y contrapesos de sus estructuras de mando”, cuyos recursos en este momento estarían destinados por completo a la preservación del poder. “Ha fraccionado el territorio dándolo en comodato a organizaciones criminales que lo explotan en una dinámica sinergia”. Según este análisis, la cesión de parcelas a tales estructuras al margen de la ley no implica la pérdida de control. Por el contrario, detrás del caos aparente, ocasionado por una feudalización del país, subyace un “esquema cooperativo” entre los que rigen en los distintos lugares (FARC en el Sur del Lago de Maracaibo, el ELN en enclaves mineros de Bolívar o Amazonas, el Tren de Aragua o la megabanda del Coqui) y la élite gobernante. Se trata de una descripción interesante, que contribuiría a explicar por qué el régimen ha mostrado tanta capacidad para eludir y recuperarse de los golpes, en medio de una crisis devastadora. Los autores, por otra parte, son poco optimistas en cuanto a la posibilidad de una salida negociada. Por el contrario, sostienen que eso estabilizaría al régimen e incrementaría el riesgo de la internacionalización de conflicto.

VIOLENCIA UNIFORMADA

El primer balance: 15 muertos
Todavía no se sabe a ciencia cierta cuántas personas murieron a propósito de la operación policial desplegada en La Vega a partir del viernes 8 de enero. El fiscal designado por la extinta ANC Tarek William Saab, que en noviembre manifestó su asombro por el devenir de la Fuerza de Acciones Especiales de la PNB (“Yo no sé qué es lo que pasa con el FAES”) ha guardado silencio en torno a esta acción. Según Marino Alvarado de Provea hubo 23 fallecidos. Sin embargo, en un video de propaganda de la unidad élite se afirmó que fueron 15. En todo caso, la acción policial no contribuyó a mermar la violencia homicida en la parroquia. Una vez que los uniformados abandonaron el lugar, han ocurrido otros cuatro homicidios a manos de civiles (un vigilante privado y tres integrantes de una misma familia) así como otras dos muertes como consecuencia de acciones policiales. Todavía no finaliza el primer mes de 2021, y ya en La Vega han totalizado 30 muertes violentas. Como punto de comparación, se puede señalar que en todo 2020 hubo 54 fallecidos en ese sector caraqueño, 31 de ellos por “resistencia a la autoridad”. Es decir, solo en enero se ha alcanzado el 55,5% de las muertes reportadas durante todo el año anterior en la parroquia, de 120 mil habitantes.

Libros

Con la entrada del nuevo siglo, el mundo ha presenciado un cambio significativo en los medios y los modos de comunicar. La irrupción de las plataformas basadas en internet y de las redes sociales están cambiando por completo la manera como los distintos públicos obtienen la información para tomar sus decisiones. Los antiguos diarios impresos han dado paso a sus versiones digitales, y casi han desaparecido sus formatos originales. Y los dueños de radioemisoras y televisoras han visto con preocupación cómo sus públicos están migrando a los medios e “influencers” que divulgan sus mensajes a través de la web. En el plano político, esto tiene consecuencias que todavía no han sido del todo descritas. Pareciera reinar una gran confusión. Abunda la desinformación, a veces propiciada desde los propios gobiernos, ya sea como parte de estrategias de control social en lo interno, o para afectar los intereses de sus adversarios en el plano internacional. Y desde luego, las organizaciones terroristas han encontrado en internet un terreno fértil para lograr sus propósitos. Así lo advierte Antoine Andary en su obra Terrorism in the Digital Age. How Free, Quick and Easy is to Loose Everything (New York, 2020). El autor es un especialista en comunicación política, relaciones internacionales y analista de inteligencia. Este libro explora los distintos usos que han dado a los medios electrónicos y sistemas de mensajería las organizaciones que intentan cambios políticos mediante la violencia y la difusión del terror. En este sentido, el autor intenta acuñar la expresión de “terrorismo electrónico” para referirse a aquellos que usan a la web para perpetrar ataques contra las personas y las propiedades, causando “suficiente daño para esparcir el miedo y el terror”. Es así como, según la óptica de Andary, la web se ha transformado a la vez en campo de batalla y poderosa herramienta para las organizaciones que intentan llevar a cabo sabotajes contra las denominadas “infraestructuras críticas” y divulgar mensajes de odio, de una forma tan convincente que capte la atención del gran público. El analista también describe cómo internet ha sido utilizado para fomentar el reclutamiento de las organizaciones terroristas, y de los llamados “lobos solitarios” cuyas actuaciones devastadoras son cada vez más frecuentes. Esta obra pone sobre la mesa informaciones inquietantes, que una vez más plantean el debate sobre el fino equilibrio que se debe lograr entre la seguridad de la ciudadanía y las libertades de esa misma población. Una discusión que, desde luego, solo se plantea en democracia. 

Para comunicarse con el autor de esta columna, enviar informaciones, datos o relatos sobre la criminalidad del país, puede escribir al correo electrónico crimenessincastigo@gmail.com, o enviar mensajes director a las cuentas TW @javiermayorca e IG @crimenessincastigo.

domingo, 10 de enero de 2021

Venezuela: la adaptación del hampa

 -La cuarentena implantada por el Ejecutivo alteró la vida de los venezolanos de bien, y también la de los delincuentes. El delito no desapareció: se reconvirtió y se hizo más astuto

@javiermayorca

Dentro de todo lo decepcionante que pudo ser el año recién finalizado, hay un dato que quizá contribuya a generar alguna esperanza: para el 31 de diciembre, el país contabilizaba 9050 homicidios.
Esta cifra, conocida extraoficialmente, incluye a las muertes ocasionadas por funcionarios policiales o militares, en episodios conocidos como “resistencia a la autoridad”. En países como Japón o Noruega, podría ser escandalosa. Aquí, representa una vuelta a los niveles que existían en 2002.
Ya el Observatorio Venezolano de la Violencia había notado el impacto que tuvo la prolongada cuarentena, implantada incluso antes de que se admitiese la llegada del primer caso de Covid-19 en el país. Tomemos en cuenta, por ejemplo, la cifra de muertes reportada en 2015 (27.875), y nos percataremos de que, a la vuelta de cinco años, hubo una reducción de aproximadamente 60%.
Es tiempo de buscar algunas explicaciones. Desde luego que la matanza sistemática de individuos con antecedentes ha tenido algún impacto. No solo los han eliminado físicamente, sino que muchos de los sobrevivientes buscaron refugio en otras latitudes, en lo que alguna vez fue denominado “efecto cucaracha”. También el éxodo masivo de venezolanos ha influido. Si atendemos a las cifras de Acnur, para 2021 habrá salido de Venezuela aproximadamente el 20% de la población reconocida en 2015.
La matanza sistemática y la diáspora son algunos factores a tomar en consideración para explicar la reducción de las muertes violentas. Pero no son los únicos.
Dice Emile Durkheim que el delito es una característica normal de la sociedad, algo “ligado a las condiciones fundamentales de toda vida social”. Por lo tanto, no podrá ser eliminado totalmente. Como sucede con la energía, solo se transforma, adquiere nuevos matices ante determinadas circunstancias. El problema está en disponer de las herramientas para conocer hacia dónde se orienta.
En el caso de la Venezuela de 2020, un factor crucial fue el confinamiento. La obligatoriedad de permanecer en las viviendas o en sus alrededores aminoró la frecuencia de los homicidios hasta llegar, en septiembre, a la cifra más baja, que fue de 355 víctimas. Simultáneamente, los cuerpos policiales y militares pudieron hacer más efectivo el control y la localización de sus objetivos. En el segundo trimestre del año, mataron a un promedio de 490 personas al mes, erigiéndose de esta forma en el actor violento más importante.
En el tercer trimestre del año pasado, el promedio de homicidios ocasionados por bandas, delincuentes solitarios, gente celosa y en fin actores civiles subió un poco y se equiparó con el de los cuerpos uniformados. En ambos “bandos”, la cifra fue de 362 promedio mensual.
Nuevamente, las explicaciones deben ser encontradas en una conjunción de factores. En septiembre, las policías y los componentes militares tuvieron un dramático descenso en su actividad letal. Esto coincide con la divulgación del informe del grupo de Determinación de Hechos de la ONU, que reveló la existencia de un patrón de violencia estimulada desde las más altas esferas gubernamentales, en lo que describió como “luz verde para matar”. El cese de estas prácticas sería una especie de desmentido silente, pero también una admisión de lo hecho.
Mientras tanto, del otro lado, la delincuencia comenzaba a adaptarse a los lapsos de “flexibilización”, aprovechando la mayor oportunidad para el delito que venía con el incremento en la circulación de personas. Con ello también se elevó el promedio de homicidios, hasta 385 víctimas mensuales.
Se debe recordar que el Ejecutivo aflojó la orden de confinamiento puesto que la economía venezolana se encontraba -y aún permanece- postrada, pero era necesario incrementar la actividad callejera, dar la sensación de cierta recuperación, con miras en la elección parlamentaria.
Una vez logrado el objetivo, Maduro ordenó la vuelta al tono que predominó hasta noviembre, y probablemente intentará mantenerlo así hasta que le convenga. Ya The Economist explicó cómo la pandemia ha servido para el reforzamiento de los regímenes autoritarios en todo el mundo.
Los delincuentes, sin embargo, entendieron que la cuarentena no necesariamente implica pérdidas, siempre y cuando fuesen capaces de “reconvertirse” y aprovecharla. Las formas que ha adoptado el delito en el país quizá no puedan ser medidas con precisión basados exclusivamente en estadísticas oficiales, que siempre son fragmentadas y construidas a conveniencia. Pero es muy probable que en estas circunstancias los más astutos lograrían mantenerse. Esto explicaría por qué las denuncias de fraudes y delitos asociados se incrementaron en más de 60% con respecto a 2019.
Lo mismo ha ocurrido con las extorsiones. Para amedrentar a una persona, no es necesario salir de la casa, o de la cárcel. El “distanciamiento social” puede conservarse, y aun así la amenaza llega, ya sea en la forma de un mensaje de WhatsApp, el estallido de una granada en la fachada de la casa o del negocio, o tiros de fusil. Por eso, en un contexto de reducción general de los homicidios, la extorsión (y su delito primo hermano, la concusión) aumentó en 90%. Sobre este punto, se profundizará en una entrega posterior.
En condiciones de normalidad, las estafas y las extorsiones raras veces son denunciados. En pandemia, las víctimas cuentan con el pretexto ideal para no acudir a las autoridades. Mucho menos las venezolanas, que inspiran la menor confianza en toda Latinoamérica, según la encuesta Gallup sobre Ley y Orden. Por lo tanto, el enorme crecimiento en las denuncias sobre estas actividades resulta altamente significativo.
Quizá es muy temprano para trazar una conclusión definitiva sobre este tema. No obstante, los datos puestos sobre la mesa sugieren que el delito en general no disminuyó su frecuencia. Algunas manifestaciones particulares, como el homicidio y cierto tipo de lesiones, tuvieron mermas momentáneas. Mientras tanto, otras actividades ilegales han ido en pleno crecimiento, en las sombras y ajenas a todo escrutinio oficial.

Breves

DICIEMBRE EN PRISIÓN

¿Cómo pasaron los presos políticos las festividades de navidad y año nuevo? Una consulta a fuentes con acceso al Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y a la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) indica que el régimen dispensó un trato diferenciado a los 350 detenidos por razones de conciencia (cifra del Foro Penal). La situación fue más evidente en los calabozos del Helicoide. Allí permanecen aproximadamente 150 personas. En la Nochebuena, las puertas se abrieron para que los detenidos confraternizaran entre ellos. Hubo reuniones en celdas y pasillos, excepto para los implicados en la Operación Gedeón (60). A los militares estadounidenses de la contratista Silvercorp, Franklin Durán, Baduel hijo y los demás los pusieron a “comer candado”, expresión usada allí para aquellos obligados a permanecer tras las rejas, día y noche. Era orden superior. No hubo conflicto con los custodios, que además son funcionarios recién llegados. En la Dgcim Boleíta la cosa fue distinta. De las concesiones hechas a propósito de la visita de la comisión Bachelet solo queda el derecho a hacer llamadas de cinco minutos, una vez a la semana. Cada quince días, los detenidos son llevados a un patio interno para que tomen sol. “Durante la actividad, que tiene duración de 30 minutos, los presos son obligados a participar en un video, que realizan los custodios para dejar constancia de los ‘minutos de esparcimiento’. Los presos deben llevar dos o tres franelas diferentes, para ser grabados el mismo día, simulando que se trata de fechas distintas”, reveló un oficial con acceso a esa instalación. Para colmo, en las festividades navideñas llevaron a un cura a oficiar misas con alto contenido político. “Durante la homilía, el sacerdote llamó la atención de los presos, y los invitó a reflexionar en torno a los ‘errores y pecados’ cometidos en contra del Gobierno”, recordó. Aquellos que alzaron su voz ante el religioso fueron castigados.

CÁRCELES DE MUERTE

Durante 2020 la violencia no cesó en las cárceles y retenes policiales del país, a pesar del interés gubernamental por invisibilizarla. Esto queda en evidencia cuando se intenta buscar un registro oficial sobre el saldo final de la masacre en el Centro Penitenciario de los Llanos (Cepella), en Portuguesa. De ello, solamente hay una información emitida el 4 de mayo por la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones, en la voz de Carolina Girón, según la cual hubo 47 fallecidos y 75 heridos. Se desconoce si alguno de los lesionados murió con posterioridad. Mientras tanto, las cifras del régimen conocidas extraoficialmente solo admiten 108 decesos en 84 incidentes. Esto da un total de 155 víctimas. Pero esta cifra solo da una noción parcial, puesto que no precisa cuántos cadáveres quedaron en las calles del país, a propósito de la aplicación de la famosa “ley de fuga”.  En marzo, por ejemplo, el comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Occidente (Redi Occidente), mayor general Ovidio Delgado, informó sobre las muertes de 35 sujetos que habían escapado de la cárcel de San Carlos del Zulia. Así hubo casos en Falcón, Guárico, Miranda y otros estados. En 2020, según los datos extraoficiales, murieron presos en instalaciones de 19 estados. Pero el más violento de todos fue Aragua, donde ocurrieron 37 episodios en los internados de Tocorón, Alayón y en el retén de la policía municipal de Zamora. Todas estas muertes fueron ocasionadas por el uso de armas de fuego.

EL PEAJE UNIFORMADO

Una cosa es leer las denuncias sobre la extorsión desatada por parte de los funcionarios policiales o militares en las carreteras del país, y otra distinta cuando se conoce directamente a la persona que ha sido víctima de estas prácticas. Vivió esta experiencia en los primeros días de enero, cuando regresaba en transporte colectivo luego de pasar las navidades en un estado andino: “Nos pararon en Buena Vista, La Pastora, en un puesto de la PNB cuando tomas la Lara-Zulia, en Tintorero, en El Cardenalito, Morón, Valencia, Maracay, y en todos los sitios escuchaba a los camioneteros que si querían pasar rápido tenían que darles entre diez y veinte dólares. Si no, perderían horas mientras revisaban a los pasajeros y sus maletas. Los camioneteros pagaron como en dos alcabalas, pero luego nos dijeron que los ayudáramos a pagar, o si no tendrían que bajarse y perder horas para que nos revisaran. Y esto fue lo que decidió la mayoría. En la entrada de Tazón, el guardia le dijo a un camionetero mientras nos revisaban, a las 4 am, que tendrían que pagar entre diez y quince dólares para que los dejaran pasar. Si no, quedarían hasta las 9 am (…)”.

Tres preguntas a… Gonzalo Himiob, director del Foro Penal

1.- En 2019 y 2020 diversas instancias de la Organización de Naciones Unidas emitieron informes sobre la grave situación de DDHH en Venezuela ¿Tuvieron algún impacto en el régimen?
Esto se puede responder dependiendo del nivel en que nos ubiquemos. En lo internacional, estos pronunciamientos de diferentes instancias de la ONU, la OEA y otros organismos han tenido impacto significativo. Hicieron que muchas naciones que eran amistosas o veían con simpatía al gobierno venezolano hoy sean más prudentes en sus relaciones con el poder en Venezuela, dado que los señalamientos sobre la comisión de crímenes de lesa humanidad, o la política de violación sistemática de DDHH deslegitiman al régimen de Nicolás Maduro. Esto se ve en la actitud del poder en Venezuela hacia esta situación internacional. Han invertido muchos recursos para defenderse de estas acusaciones. Sabemos de varios viajes que diferentes representantes del Estado han hecho a La Haya para entrevistarse con la fiscal ante la Corte Penal Internacional, de las gestiones que existen para brindar una versión distinta sobre las violaciones a DDHH en Venezuela y que esta campaña internacional obedece a una necesidad del poder en Venezuela en cuanto a manejar sus relaciones de forma tal que no se deslegitime. En lo nacional, sin embargo, el impacto de estas decisiones ha sido muy bajo. No ha cesado la represión por motivos políticos, las violaciones graves a DDHH. Hubo un momento, antes del evento electoral de diciembre, en el que parecían estar más dispuestos a ceder, a hacer concesiones en cuanto a las encarcelaciones arbitrarias por motivos políticos. Sin embargo, una vez logrado el objetivo electoral del 6D eso pasó al olvido, y algunas excarcelaciones que se proyectaban para diciembre no se dieron. Esto quiere decir que en el nivel interno los pronunciamientos de los organismos internacionales tienen muy poco peso.

2.-Según las cifras del Foro Penal, 2020 finalizó con unos 350 presos por razones de conciencia en el país ¿Eso refleja alguna tendencia en cuanto a la represión política?
Los números con los que cerramos 2020, y que continúan en los primeros días de 2021 confirman lo contestado anteriormente. El promedio de personas detenidas arbitrariamente en el país no varió significativamente en todo 2020. La represión política va a continuar. No pareciera haber intención de modificarla en 2021. Por el contrario, el discurso oficial ha sido poco conciliador, criminalizante, muy peligroso y ganado a la idea de continuar la persecución a personas por el simple hecho de estar opuestas al poder y de pensar distinto. Los métodos de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes que se vieron en 2020 pareciera ser que van a continuar. Nada indica lo contrario, y esto es muy preocupante. Sumado a esto hay una clara arremetida contra los defensores de DDHH y las ONGs. Desde el poder buscan limitarlas en sus actividades. Esto indica que al poder no le interesa que haya un monitoreo sobre cómo se comporta en materia de DDHH.

3.-¿Qué podemos esperar en 2021 en cuanto a DDHH, una vez que el Poder Legislativo ha pasado nuevamente al control del PSUV?
Es difícil predecirlo. Pero si nos guiamos por las expresiones, frases y discurso del poder desde que el PSUV retomó la AN, pareciera que el panorama no es auspicioso. Lejos de intentar una estrategia de conciliación y reconocimiento de los errores, pareciera consolidarse una de criminalización y represión por motivos políticos, y disminución o neutralización de cualquier factor que incomode al poder. Esto pareciera ser lo que se avecina.

Libros

El viaje de Toby Muse comienza en las tierras del Catatumbo colombiano, donde una tropa de venezolanos acude por lo menos tres veces por año para la cosecha de la coca. Algunos de ellos no piensan volver en el futuro inmediato. Son parte de la “diáspora”, que se quedó a sobrevivir a pocos kilómetros de la frontera. Otros regresarán. Todos enviarán algo de sus ganancias a las familias que han dejado en el país.
La siguiente parada del investigador británico-estadounidense fue La Gabarra, centro de comercio de la coca ya transformada en pasta base. Cada panela en $400. Allí, una bonanza aparente multiplicó los prostíbulos, donde las venezolanas -a menudo ex empleadas públicas- también son “mano de obra” barata, que huyó desde la violencia estatal para sumergirse en otra, protagonizada por carteles, bandas criminales y obreros del alcaloide. Por primera vez, un periodista documenta in extenso el nuevo posicionamiento de los venezolanos en la industria de la cocaína. En sus estratos mas bajos, ciertamente. Pero quién sabe si esto continuará siendo así en el futuro inmediato. Sin embargo, la obra Kilo. Inside the Deadliest Cocaine Cartels. From the Jungles to the Streets (New York, 2020) es mucho más que eso. Estas páginas son el producto de un intenso trabajo de campo, que cubre todo el proceso de siembra, transformación y comercialización de una de las sustancias ilegales más populares de Occidente (podio compartido con la marihuana) y la violencia que la acompaña. El prólogo de este relato se remonta hasta la firma de la paz entre las FARC y el gobierno colombiano encabezado por Juan Manuel Santos, en 2016. Según Muse, en el escenario posterior se desarrolla una interacción permanente entre los actores que intentan enseñorearse y aquellos que sobrevivieron al antiguo orden, en un ciclo vicioso que pareciera no tener fin, alimentado por el dinero que llega a raudales. Este libro es realismo puro. Optimistas abstenerse. Puede ser adquirido en formato electrónico.