domingo, 24 de enero de 2021

La privatización de la seguridad

-El incremento explosivo de la extorsión en 2020 revela la creciente incapacidad del Estado para cumplir con una de sus misiones fundamentales

@javiermayorca

En la entrega anterior se adelantó que el comportamiento de la extorsión en el país durante 2020 ameritaba una consideración especial, tomando en cuenta el notable incremento en el número de denuncias recibidas y procesadas por los cuerpos de seguridad, en el contexto de la prolongada cuarentena.
La extorsión -así como la concusión- no es un delito cualquiera. Se trata, por decirlo así, de la evidencia más palpable sobre la existencia de estructuras criminales que avanzan en su proceso de organización y crecimiento. En la extorsión, estos grupos ofrecen un valor preciado, como es la seguridad, a cambio de un pago. En este sentido, cuando la extorsión llega a los niveles que hemos visto en el país, nos indica que estamos ante procesos de suplantación del Estado en su función primordial.
La principal herramienta de la extorsión es la amenaza. En su historia de la Cosa Nostra, John Dickie (2006) recuerda que los mafiosos sicilianos eran antes que todo “empresarios de la violencia”, la factual y también la que se asoma, quizá apenas con un gesto o un breve mensaje, expresado en términos elusivos. En la isla del sur italiano, abandonada por la capital, el verdadero poder lo ejercía esta estructura criminal. Y aunque parezca insólito, por mucho tiempo su fuente primordial de recursos no fue el tráfico de drogas sino el cobro por seguridad, o pizzo.
La extorsión es además un delito esencialmente discriminador. Las víctimas son aquellas personas o empresas que, a los ojos de los criminales, pueden pagar por la prolongación de su tranquilidad. Entonces, quienes no pueden hacerlo quedan a expensas de los delincuentes, puesto que en esos lugares las fuerzas de la ley son vistas como impotentes, ineficaces, cómplices o todo esto al mismo tiempo. Al pagar, ya sea por temor o conveniencia, se concreta una relación entre privados, una especie de contrato verbal, de riguroso cumplimiento.

De la PNB a Yeico Masacre

El llamado socialismo del Siglo XXI tenía entre sus propósitos la concentración de la mayor cantidad de poder en el Estado, y en específico del gobierno central. La Constitución del 99 fue un punto de partida imperfecto. Hugo Chávez lo sabía, y por eso intentó su reescritura ocho años después. Como no tuvo éxito, optó por un esquema de gradualidad, que Maduro ha continuado.
En el plano de la seguridad ciudadana, la tendencia centralizadora y estatista tuvo una primera expresión en la Ley del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional, implantada mediante decreto habilitante en 2008. En su exposición de motivos, el Chávez-legislador manifestó su rechazo hacia las tendencias privatizadoras en esta materia. Pero no lo hacía por atenerse a un plan diseñado con anterioridad, sino por temor a que se formaran en Venezuela grupos paramilitares como los que proliferaron en Colombia, a la sombra de las llamadas Convivir, cooperativas de seguridad que contaron en su momento con respaldo de Bogotá.
La idea del teniente coronel, tomada luego por Maduro, fue avanzar en lo posible en la suplantación de las policías regionales y municipales -heredadas del proceso descentralizador- por un cuerpo regido desde Caracas, eliminando en el camino cualquier matiz o divergencia ideológica. El proyecto, en algún momento evaluado durante la gestión del general Reverol en Relaciones Interiores, fue plegar estos cuerpos a la PNB, para que todos fuesen “revolucionarios, socialistas y profundamente chavistas”.
La iniciativa no tuvo éxito, entre otras razones, porque ya se percibía la imposibilidad de asumir una nómina de más de 120.000 hombres, cuando en ese momento eran unos 26.000.
Las policías quedaron entonces como una carga muy pesada, y al garete. Sus agentes, abandonados a la buena de Dios, con ingresos mensuales que en promedio no llegan a los cinco dólares y sin seguridad social efectiva. Por eso, no debe extrañar el progresivo abandono de las calles por parte de los uniformados. La iniciativa anunciada por la almirante Meléndez, en cuanto a la rápida graduación de 30.000 nuevos agentes, solo confirma que el pie de fuerza de los cuerpos preventivos ha mermado como mínimo en 25%. 
En medio de este deslave policial, uno sospecha que los agentes restantes se mantienen allí gracias a ciertos incentivos: porcentajes o comisiones por multas o remolques de vehículos; el cobro de paso preferencial en estaciones de servicio; la posibilidad de “liberar” más tiempo y así poder trabajar como escoltas, armados y con chapa, y jefes que se hagan de la vista gorda cuando los subalternos trabajan como “parceleros” en las horas de cierre de automercados y panaderías, por citar solo algunos factores, presenciados directamente.
Al final, el agente de aplicación de la ley termina saliéndose de las restricciones que impone la pertenencia a un cuerpo uniformado, y en cierta forma se equipara a grupos como el de Yeico Masacre, que exigen pagos a cambio de tranquilidad.
En 2020 fueron iniciados 394 expedientes por extorsión o por concusión, un delito muy parecido al primero, en el que la solicitud de pago se hace de manera solapada, tal y como lo relató a Efecto Cocuyo un hombre que viajó desde Bolívar a Caracas, y se topó con un PNB que le pidió “colaboración” para el pan, a pesar de que ya le había entregado 400.000 bolívares en efectivo.
Estos episodios pueden formar parte de relatos periodísticos, pero rara vez son consignados en denuncias formales. La mayoría de las extorsiones queda en las llamadas cifras negras, alimentadas por el miedo que suscita la posibilidad de ser objetivo de una violencia mayor. Por todos estos factores, el incremento de 90% en la extorsión con respecto al año anterior debe ser tomado como un punto de alerta y una señal sobre el estado de inseguridad que atraviesa la ciudadanía. Y es también una prueba de la disolución progresiva del Estado.

Breves

UNA PEQUEÑA FRACCIÓN

Entre las 9050 víctimas de homicidio reportadas en 2020 en Venezuela, 174 fueron funcionarios policiales o militares -activos o jubilados-, así como escoltas o vigilantes. Según registros conocidos extraoficialmente, ninguno de ellos fue ultimado en el ejercicio de sus funciones, sino en el contexto de robos, ajustes de cuentas, riñas e incluso ataques por sicarios. Pero el motivo más frecuente fue la resistencia al robo, con 82 casos, lo que equivale al 47% de las víctimas de este selecto grupo. Las muertes en el ejercicio de las funciones fueron mucho menos frecuentes. De acuerdo con estos datos, hubo 46 funcionarios fallecidos en el cumplimiento del deber durante 2020. Sin embargo, en esta lista se confunden los nombres de aquellos que intentaron actuar en forma correcta con los que usaban el uniforme para beneficio de organizaciones criminales, tal y como sucedió el 14 de noviembre durante el rescate de una víctima de secuestro. En este caso, efectivos de la policía judicial se enfrentaron a tiros contra funcionarios de ese mismo cuerpo, en la calle principal de Lomas de Urdaneta. Sin lugar a dudas, el suceso que arrojó la mayor cantidad de uniformados caídos ocurrió en el sector La Charca de Apure, el 19 de septiembre, cuando un grupo de acciones especiales adscrito a la 92 Brigada Caribe se enfrentó con insurgentes del Frente 10 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que tenía cautivo en ese lugar al hermano de un exgobernador del departamento colombiano de Arauca. Cuatro militares murieron en este incidente.

ENTREGA DEL TERRITORIO

El Risk Awareness Council se define como una organización sin fines de lucro basada en Florida y dedicada al estudio y la divulgación de conocimiento sobre riesgos políticos y de seguridad. En enero, divulgó un documento denominado Esto es Venezuela: entre la estabilización y la amenaza de un estado en disolución. Sus autores (Carlos Blanco, José Arocha y Alberto Ray) plantean una caracterización del régimen liderado por Nicolás Maduro como “un ensamblaje reticular y dinámico, que opera en un delicado equilibrio binario de pesos y contrapesos de sus estructuras de mando”, cuyos recursos en este momento estarían destinados por completo a la preservación del poder. “Ha fraccionado el territorio dándolo en comodato a organizaciones criminales que lo explotan en una dinámica sinergia”. Según este análisis, la cesión de parcelas a tales estructuras al margen de la ley no implica la pérdida de control. Por el contrario, detrás del caos aparente, ocasionado por una feudalización del país, subyace un “esquema cooperativo” entre los que rigen en los distintos lugares (FARC en el Sur del Lago de Maracaibo, el ELN en enclaves mineros de Bolívar o Amazonas, el Tren de Aragua o la megabanda del Coqui) y la élite gobernante. Se trata de una descripción interesante, que contribuiría a explicar por qué el régimen ha mostrado tanta capacidad para eludir y recuperarse de los golpes, en medio de una crisis devastadora. Los autores, por otra parte, son poco optimistas en cuanto a la posibilidad de una salida negociada. Por el contrario, sostienen que eso estabilizaría al régimen e incrementaría el riesgo de la internacionalización de conflicto.

VIOLENCIA UNIFORMADA

El primer balance: 15 muertos
Todavía no se sabe a ciencia cierta cuántas personas murieron a propósito de la operación policial desplegada en La Vega a partir del viernes 8 de enero. El fiscal designado por la extinta ANC Tarek William Saab, que en noviembre manifestó su asombro por el devenir de la Fuerza de Acciones Especiales de la PNB (“Yo no sé qué es lo que pasa con el FAES”) ha guardado silencio en torno a esta acción. Según Marino Alvarado de Provea hubo 23 fallecidos. Sin embargo, en un video de propaganda de la unidad élite se afirmó que fueron 15. En todo caso, la acción policial no contribuyó a mermar la violencia homicida en la parroquia. Una vez que los uniformados abandonaron el lugar, han ocurrido otros cuatro homicidios a manos de civiles (un vigilante privado y tres integrantes de una misma familia) así como otras dos muertes como consecuencia de acciones policiales. Todavía no finaliza el primer mes de 2021, y ya en La Vega han totalizado 30 muertes violentas. Como punto de comparación, se puede señalar que en todo 2020 hubo 54 fallecidos en ese sector caraqueño, 31 de ellos por “resistencia a la autoridad”. Es decir, solo en enero se ha alcanzado el 55,5% de las muertes reportadas durante todo el año anterior en la parroquia, de 120 mil habitantes.

Libros

Con la entrada del nuevo siglo, el mundo ha presenciado un cambio significativo en los medios y los modos de comunicar. La irrupción de las plataformas basadas en internet y de las redes sociales están cambiando por completo la manera como los distintos públicos obtienen la información para tomar sus decisiones. Los antiguos diarios impresos han dado paso a sus versiones digitales, y casi han desaparecido sus formatos originales. Y los dueños de radioemisoras y televisoras han visto con preocupación cómo sus públicos están migrando a los medios e “influencers” que divulgan sus mensajes a través de la web. En el plano político, esto tiene consecuencias que todavía no han sido del todo descritas. Pareciera reinar una gran confusión. Abunda la desinformación, a veces propiciada desde los propios gobiernos, ya sea como parte de estrategias de control social en lo interno, o para afectar los intereses de sus adversarios en el plano internacional. Y desde luego, las organizaciones terroristas han encontrado en internet un terreno fértil para lograr sus propósitos. Así lo advierte Antoine Andary en su obra Terrorism in the Digital Age. How Free, Quick and Easy is to Loose Everything (New York, 2020). El autor es un especialista en comunicación política, relaciones internacionales y analista de inteligencia. Este libro explora los distintos usos que han dado a los medios electrónicos y sistemas de mensajería las organizaciones que intentan cambios políticos mediante la violencia y la difusión del terror. En este sentido, el autor intenta acuñar la expresión de “terrorismo electrónico” para referirse a aquellos que usan a la web para perpetrar ataques contra las personas y las propiedades, causando “suficiente daño para esparcir el miedo y el terror”. Es así como, según la óptica de Andary, la web se ha transformado a la vez en campo de batalla y poderosa herramienta para las organizaciones que intentan llevar a cabo sabotajes contra las denominadas “infraestructuras críticas” y divulgar mensajes de odio, de una forma tan convincente que capte la atención del gran público. El analista también describe cómo internet ha sido utilizado para fomentar el reclutamiento de las organizaciones terroristas, y de los llamados “lobos solitarios” cuyas actuaciones devastadoras son cada vez más frecuentes. Esta obra pone sobre la mesa informaciones inquietantes, que una vez más plantean el debate sobre el fino equilibrio que se debe lograr entre la seguridad de la ciudadanía y las libertades de esa misma población. Una discusión que, desde luego, solo se plantea en democracia. 

Para comunicarse con el autor de esta columna, enviar informaciones, datos o relatos sobre la criminalidad del país, puede escribir al correo electrónico crimenessincastigo@gmail.com, o enviar mensajes director a las cuentas TW @javiermayorca e IG @crimenessincastigo.

domingo, 10 de enero de 2021

Venezuela: la adaptación del hampa

 -La cuarentena implantada por el Ejecutivo alteró la vida de los venezolanos de bien, y también la de los delincuentes. El delito no desapareció: se reconvirtió y se hizo más astuto

@javiermayorca

Dentro de todo lo decepcionante que pudo ser el año recién finalizado, hay un dato que quizá contribuya a generar alguna esperanza: para el 31 de diciembre, el país contabilizaba 9050 homicidios.
Esta cifra, conocida extraoficialmente, incluye a las muertes ocasionadas por funcionarios policiales o militares, en episodios conocidos como “resistencia a la autoridad”. En países como Japón o Noruega, podría ser escandalosa. Aquí, representa una vuelta a los niveles que existían en 2002.
Ya el Observatorio Venezolano de la Violencia había notado el impacto que tuvo la prolongada cuarentena, implantada incluso antes de que se admitiese la llegada del primer caso de Covid-19 en el país. Tomemos en cuenta, por ejemplo, la cifra de muertes reportada en 2015 (27.875), y nos percataremos de que, a la vuelta de cinco años, hubo una reducción de aproximadamente 60%.
Es tiempo de buscar algunas explicaciones. Desde luego que la matanza sistemática de individuos con antecedentes ha tenido algún impacto. No solo los han eliminado físicamente, sino que muchos de los sobrevivientes buscaron refugio en otras latitudes, en lo que alguna vez fue denominado “efecto cucaracha”. También el éxodo masivo de venezolanos ha influido. Si atendemos a las cifras de Acnur, para 2021 habrá salido de Venezuela aproximadamente el 20% de la población reconocida en 2015.
La matanza sistemática y la diáspora son algunos factores a tomar en consideración para explicar la reducción de las muertes violentas. Pero no son los únicos.
Dice Emile Durkheim que el delito es una característica normal de la sociedad, algo “ligado a las condiciones fundamentales de toda vida social”. Por lo tanto, no podrá ser eliminado totalmente. Como sucede con la energía, solo se transforma, adquiere nuevos matices ante determinadas circunstancias. El problema está en disponer de las herramientas para conocer hacia dónde se orienta.
En el caso de la Venezuela de 2020, un factor crucial fue el confinamiento. La obligatoriedad de permanecer en las viviendas o en sus alrededores aminoró la frecuencia de los homicidios hasta llegar, en septiembre, a la cifra más baja, que fue de 355 víctimas. Simultáneamente, los cuerpos policiales y militares pudieron hacer más efectivo el control y la localización de sus objetivos. En el segundo trimestre del año, mataron a un promedio de 490 personas al mes, erigiéndose de esta forma en el actor violento más importante.
En el tercer trimestre del año pasado, el promedio de homicidios ocasionados por bandas, delincuentes solitarios, gente celosa y en fin actores civiles subió un poco y se equiparó con el de los cuerpos uniformados. En ambos “bandos”, la cifra fue de 362 promedio mensual.
Nuevamente, las explicaciones deben ser encontradas en una conjunción de factores. En septiembre, las policías y los componentes militares tuvieron un dramático descenso en su actividad letal. Esto coincide con la divulgación del informe del grupo de Determinación de Hechos de la ONU, que reveló la existencia de un patrón de violencia estimulada desde las más altas esferas gubernamentales, en lo que describió como “luz verde para matar”. El cese de estas prácticas sería una especie de desmentido silente, pero también una admisión de lo hecho.
Mientras tanto, del otro lado, la delincuencia comenzaba a adaptarse a los lapsos de “flexibilización”, aprovechando la mayor oportunidad para el delito que venía con el incremento en la circulación de personas. Con ello también se elevó el promedio de homicidios, hasta 385 víctimas mensuales.
Se debe recordar que el Ejecutivo aflojó la orden de confinamiento puesto que la economía venezolana se encontraba -y aún permanece- postrada, pero era necesario incrementar la actividad callejera, dar la sensación de cierta recuperación, con miras en la elección parlamentaria.
Una vez logrado el objetivo, Maduro ordenó la vuelta al tono que predominó hasta noviembre, y probablemente intentará mantenerlo así hasta que le convenga. Ya The Economist explicó cómo la pandemia ha servido para el reforzamiento de los regímenes autoritarios en todo el mundo.
Los delincuentes, sin embargo, entendieron que la cuarentena no necesariamente implica pérdidas, siempre y cuando fuesen capaces de “reconvertirse” y aprovecharla. Las formas que ha adoptado el delito en el país quizá no puedan ser medidas con precisión basados exclusivamente en estadísticas oficiales, que siempre son fragmentadas y construidas a conveniencia. Pero es muy probable que en estas circunstancias los más astutos lograrían mantenerse. Esto explicaría por qué las denuncias de fraudes y delitos asociados se incrementaron en más de 60% con respecto a 2019.
Lo mismo ha ocurrido con las extorsiones. Para amedrentar a una persona, no es necesario salir de la casa, o de la cárcel. El “distanciamiento social” puede conservarse, y aun así la amenaza llega, ya sea en la forma de un mensaje de WhatsApp, el estallido de una granada en la fachada de la casa o del negocio, o tiros de fusil. Por eso, en un contexto de reducción general de los homicidios, la extorsión (y su delito primo hermano, la concusión) aumentó en 90%. Sobre este punto, se profundizará en una entrega posterior.
En condiciones de normalidad, las estafas y las extorsiones raras veces son denunciados. En pandemia, las víctimas cuentan con el pretexto ideal para no acudir a las autoridades. Mucho menos las venezolanas, que inspiran la menor confianza en toda Latinoamérica, según la encuesta Gallup sobre Ley y Orden. Por lo tanto, el enorme crecimiento en las denuncias sobre estas actividades resulta altamente significativo.
Quizá es muy temprano para trazar una conclusión definitiva sobre este tema. No obstante, los datos puestos sobre la mesa sugieren que el delito en general no disminuyó su frecuencia. Algunas manifestaciones particulares, como el homicidio y cierto tipo de lesiones, tuvieron mermas momentáneas. Mientras tanto, otras actividades ilegales han ido en pleno crecimiento, en las sombras y ajenas a todo escrutinio oficial.

Breves

DICIEMBRE EN PRISIÓN

¿Cómo pasaron los presos políticos las festividades de navidad y año nuevo? Una consulta a fuentes con acceso al Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y a la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) indica que el régimen dispensó un trato diferenciado a los 350 detenidos por razones de conciencia (cifra del Foro Penal). La situación fue más evidente en los calabozos del Helicoide. Allí permanecen aproximadamente 150 personas. En la Nochebuena, las puertas se abrieron para que los detenidos confraternizaran entre ellos. Hubo reuniones en celdas y pasillos, excepto para los implicados en la Operación Gedeón (60). A los militares estadounidenses de la contratista Silvercorp, Franklin Durán, Baduel hijo y los demás los pusieron a “comer candado”, expresión usada allí para aquellos obligados a permanecer tras las rejas, día y noche. Era orden superior. No hubo conflicto con los custodios, que además son funcionarios recién llegados. En la Dgcim Boleíta la cosa fue distinta. De las concesiones hechas a propósito de la visita de la comisión Bachelet solo queda el derecho a hacer llamadas de cinco minutos, una vez a la semana. Cada quince días, los detenidos son llevados a un patio interno para que tomen sol. “Durante la actividad, que tiene duración de 30 minutos, los presos son obligados a participar en un video, que realizan los custodios para dejar constancia de los ‘minutos de esparcimiento’. Los presos deben llevar dos o tres franelas diferentes, para ser grabados el mismo día, simulando que se trata de fechas distintas”, reveló un oficial con acceso a esa instalación. Para colmo, en las festividades navideñas llevaron a un cura a oficiar misas con alto contenido político. “Durante la homilía, el sacerdote llamó la atención de los presos, y los invitó a reflexionar en torno a los ‘errores y pecados’ cometidos en contra del Gobierno”, recordó. Aquellos que alzaron su voz ante el religioso fueron castigados.

CÁRCELES DE MUERTE

Durante 2020 la violencia no cesó en las cárceles y retenes policiales del país, a pesar del interés gubernamental por invisibilizarla. Esto queda en evidencia cuando se intenta buscar un registro oficial sobre el saldo final de la masacre en el Centro Penitenciario de los Llanos (Cepella), en Portuguesa. De ello, solamente hay una información emitida el 4 de mayo por la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones, en la voz de Carolina Girón, según la cual hubo 47 fallecidos y 75 heridos. Se desconoce si alguno de los lesionados murió con posterioridad. Mientras tanto, las cifras del régimen conocidas extraoficialmente solo admiten 108 decesos en 84 incidentes. Esto da un total de 155 víctimas. Pero esta cifra solo da una noción parcial, puesto que no precisa cuántos cadáveres quedaron en las calles del país, a propósito de la aplicación de la famosa “ley de fuga”.  En marzo, por ejemplo, el comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Occidente (Redi Occidente), mayor general Ovidio Delgado, informó sobre las muertes de 35 sujetos que habían escapado de la cárcel de San Carlos del Zulia. Así hubo casos en Falcón, Guárico, Miranda y otros estados. En 2020, según los datos extraoficiales, murieron presos en instalaciones de 19 estados. Pero el más violento de todos fue Aragua, donde ocurrieron 37 episodios en los internados de Tocorón, Alayón y en el retén de la policía municipal de Zamora. Todas estas muertes fueron ocasionadas por el uso de armas de fuego.

EL PEAJE UNIFORMADO

Una cosa es leer las denuncias sobre la extorsión desatada por parte de los funcionarios policiales o militares en las carreteras del país, y otra distinta cuando se conoce directamente a la persona que ha sido víctima de estas prácticas. Vivió esta experiencia en los primeros días de enero, cuando regresaba en transporte colectivo luego de pasar las navidades en un estado andino: “Nos pararon en Buena Vista, La Pastora, en un puesto de la PNB cuando tomas la Lara-Zulia, en Tintorero, en El Cardenalito, Morón, Valencia, Maracay, y en todos los sitios escuchaba a los camioneteros que si querían pasar rápido tenían que darles entre diez y veinte dólares. Si no, perderían horas mientras revisaban a los pasajeros y sus maletas. Los camioneteros pagaron como en dos alcabalas, pero luego nos dijeron que los ayudáramos a pagar, o si no tendrían que bajarse y perder horas para que nos revisaran. Y esto fue lo que decidió la mayoría. En la entrada de Tazón, el guardia le dijo a un camionetero mientras nos revisaban, a las 4 am, que tendrían que pagar entre diez y quince dólares para que los dejaran pasar. Si no, quedarían hasta las 9 am (…)”.

Tres preguntas a… Gonzalo Himiob, director del Foro Penal

1.- En 2019 y 2020 diversas instancias de la Organización de Naciones Unidas emitieron informes sobre la grave situación de DDHH en Venezuela ¿Tuvieron algún impacto en el régimen?
Esto se puede responder dependiendo del nivel en que nos ubiquemos. En lo internacional, estos pronunciamientos de diferentes instancias de la ONU, la OEA y otros organismos han tenido impacto significativo. Hicieron que muchas naciones que eran amistosas o veían con simpatía al gobierno venezolano hoy sean más prudentes en sus relaciones con el poder en Venezuela, dado que los señalamientos sobre la comisión de crímenes de lesa humanidad, o la política de violación sistemática de DDHH deslegitiman al régimen de Nicolás Maduro. Esto se ve en la actitud del poder en Venezuela hacia esta situación internacional. Han invertido muchos recursos para defenderse de estas acusaciones. Sabemos de varios viajes que diferentes representantes del Estado han hecho a La Haya para entrevistarse con la fiscal ante la Corte Penal Internacional, de las gestiones que existen para brindar una versión distinta sobre las violaciones a DDHH en Venezuela y que esta campaña internacional obedece a una necesidad del poder en Venezuela en cuanto a manejar sus relaciones de forma tal que no se deslegitime. En lo nacional, sin embargo, el impacto de estas decisiones ha sido muy bajo. No ha cesado la represión por motivos políticos, las violaciones graves a DDHH. Hubo un momento, antes del evento electoral de diciembre, en el que parecían estar más dispuestos a ceder, a hacer concesiones en cuanto a las encarcelaciones arbitrarias por motivos políticos. Sin embargo, una vez logrado el objetivo electoral del 6D eso pasó al olvido, y algunas excarcelaciones que se proyectaban para diciembre no se dieron. Esto quiere decir que en el nivel interno los pronunciamientos de los organismos internacionales tienen muy poco peso.

2.-Según las cifras del Foro Penal, 2020 finalizó con unos 350 presos por razones de conciencia en el país ¿Eso refleja alguna tendencia en cuanto a la represión política?
Los números con los que cerramos 2020, y que continúan en los primeros días de 2021 confirman lo contestado anteriormente. El promedio de personas detenidas arbitrariamente en el país no varió significativamente en todo 2020. La represión política va a continuar. No pareciera haber intención de modificarla en 2021. Por el contrario, el discurso oficial ha sido poco conciliador, criminalizante, muy peligroso y ganado a la idea de continuar la persecución a personas por el simple hecho de estar opuestas al poder y de pensar distinto. Los métodos de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes que se vieron en 2020 pareciera ser que van a continuar. Nada indica lo contrario, y esto es muy preocupante. Sumado a esto hay una clara arremetida contra los defensores de DDHH y las ONGs. Desde el poder buscan limitarlas en sus actividades. Esto indica que al poder no le interesa que haya un monitoreo sobre cómo se comporta en materia de DDHH.

3.-¿Qué podemos esperar en 2021 en cuanto a DDHH, una vez que el Poder Legislativo ha pasado nuevamente al control del PSUV?
Es difícil predecirlo. Pero si nos guiamos por las expresiones, frases y discurso del poder desde que el PSUV retomó la AN, pareciera que el panorama no es auspicioso. Lejos de intentar una estrategia de conciliación y reconocimiento de los errores, pareciera consolidarse una de criminalización y represión por motivos políticos, y disminución o neutralización de cualquier factor que incomode al poder. Esto pareciera ser lo que se avecina.

Libros

El viaje de Toby Muse comienza en las tierras del Catatumbo colombiano, donde una tropa de venezolanos acude por lo menos tres veces por año para la cosecha de la coca. Algunos de ellos no piensan volver en el futuro inmediato. Son parte de la “diáspora”, que se quedó a sobrevivir a pocos kilómetros de la frontera. Otros regresarán. Todos enviarán algo de sus ganancias a las familias que han dejado en el país.
La siguiente parada del investigador británico-estadounidense fue La Gabarra, centro de comercio de la coca ya transformada en pasta base. Cada panela en $400. Allí, una bonanza aparente multiplicó los prostíbulos, donde las venezolanas -a menudo ex empleadas públicas- también son “mano de obra” barata, que huyó desde la violencia estatal para sumergirse en otra, protagonizada por carteles, bandas criminales y obreros del alcaloide. Por primera vez, un periodista documenta in extenso el nuevo posicionamiento de los venezolanos en la industria de la cocaína. En sus estratos mas bajos, ciertamente. Pero quién sabe si esto continuará siendo así en el futuro inmediato. Sin embargo, la obra Kilo. Inside the Deadliest Cocaine Cartels. From the Jungles to the Streets (New York, 2020) es mucho más que eso. Estas páginas son el producto de un intenso trabajo de campo, que cubre todo el proceso de siembra, transformación y comercialización de una de las sustancias ilegales más populares de Occidente (podio compartido con la marihuana) y la violencia que la acompaña. El prólogo de este relato se remonta hasta la firma de la paz entre las FARC y el gobierno colombiano encabezado por Juan Manuel Santos, en 2016. Según Muse, en el escenario posterior se desarrolla una interacción permanente entre los actores que intentan enseñorearse y aquellos que sobrevivieron al antiguo orden, en un ciclo vicioso que pareciera no tener fin, alimentado por el dinero que llega a raudales. Este libro es realismo puro. Optimistas abstenerse. Puede ser adquirido en formato electrónico.